Los asesinos de menores de edad recibirán penas de 24 a 36 años de prisión
Diputadas del PRI proponen endurecer la pena de cárcel por el aumento del 3 por ciento con respecto a 2021 en los homicidios en contra de menores.
El asesinato de un menor podría hacerse acreedor a una pena de 36 años de cárcel(GettyImages)
México
México.- Las diputadas federales Laura Haro, Cristina Ruiz y Fuensanta Guerrero propusieron aumentar las sanciones penales contra quienes atenten contra la vida de los menores de edad.
El Código Penal Federal establece de 12 a 24 años de prisión, a quien quite la vida a un menor de edad y se propone aumentar la sanción hasta en una mitad de la correspondiente al máximo de este delito, es decir, que quien cometa el asesinato de un menor podría hacerse acreedor a una pena de 36 años de cárcel.
En su iniciativa las tres legisladoras del PRI explicaron que, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia en todo el país dejó un saldo de mil 111 menores asesinados en 2022, y la mayor parte de las agresiones fueron por armas de fuego. Es decir, esa cantidad representa un aumento del 3 por ciento con respecto a 2021, año en el que mil 79 niñas, niños y adolescentes murieron bajo fuego.
Por ejemplo, de todo el país, el estado de Zacatecas es el que presenta más resultados críticos, pues atraviesa por un momento sumamente complicado, producto del enfrentamiento entre dos cárteles y la indolencia del gobierno local.
Sin embargo, resaltaron que, el estado de Guanajuato encabeza la lista de homicidios dolosos de menores, con 154 denuncias de ataques el año pasado.
Señalaron que en su partido trabajan para construir un México seguro para la niñez, un país en el que las infancias puedan vivir, crecer y recrearse libremente.
Las legisladoras del tricolor remarcaron que no se puede tolerar un México inseguro en el que miles de familias tengan esa sensación de intranquilidad cuando sus hijas e hijos salen a la calle.
Las diputadas Laura Haro, Cristina Ruiz y Fuensanta Guerrero, subrayaron que para garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes, se deben especificar los recursos que se destinarán a las acciones preventivas para privilegiar el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia, al desarrollo, al derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
