Definirá juzgado si Pemex y UIF son víctimas en el caso Odebrecht
El juez de control ha aceptado las 28 pruebas de descargo ofrecida por los abogados del ex director de Pemex.
La FGR pidió una sanción de 46 años de prisión para Emilio Lozoya(Cuartoscuro)
El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México será quien decida la suerte de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Se determinará si Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deben ser consideradas víctimas o afectados por los sobornos que recibió Emilio Lozoya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y con ello, si ambas instituciones tienen la personalidad jurídica necesaria para recibir los 200 millones de pesos que el ex funcionario propone pagar como reparación del daño por los delitos que se le imputan en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
El pasado 13 de noviembre su abogado defensor, Miguel Ontiveros Alonso, presentó el amparo el ante el juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, el mismo día que el juez federal Gerardo Genaro Alarcón resolvió abrir el juicio oral contra del ex funcionario, para quien la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una sanción de 46 años de prisión por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
El abogado Miguel Ontiveros Alonso presentó el amparo para Emilio Lozoya
Sin embargo, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, turnó el caso a su colega del Juzgado primero de Distrito de Amparo, quien dijo ya conoce de otro asunto relacionado.
En los próximos días decidirá si admite a trámite el recurso y analiza el fondo del asunto, ya que la defensa de Emilio Lozoya no solicitó ninguna suspensión provisional.
El pasado lunes 13 de marzo, durante la etapa intermedia del proceso, el juez de control aceptó las 28 pruebas de descargo ofrecida por los abogados del ex director de Pemex.
Ante esto, los fiscales de la FGR dijeron que apelarán la decisión judicial de aceptación de las propuestas.
Por su parte, la defensa comentó que ese mismo día de la audiencia se promovió un amparo para cuestionar la personalidad jurídica de Pemex y de la UIF como receptores de los 200 millones de pesos que Lozoya propone pagar como reparación del daño por los delitos que se le imputan.
Esa sucesión de recursos retrasa el inicio de la etapa del juicio oral, a la espera de que un tribunal resuelva las apelaciones y un juzgado se manifieste sobre el amparo, ambos en forma definitiva.
