Antes de modificar protocolos, debe sancionarse a empresa gasera y autoridades: Diputados
Diputados de Morena y MC exigieron que se aplique la ley contra la empresa gasera y las autoridades responsables, antes de pensar en cambios a protocolos de seguridad tras la explosión en el Puente de la Concordia.
Explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
El diputado morenista Luis Humberto Fernández advirtió que antes de modificar protocolos de seguridad en el transporte de sustancias peligrosas, debe aplicarse la ley contra la empresa gasera involucrada en la explosión del Puente de la Concordia y también contra las autoridades responsables de verificar los permisos.
Luis Humberto Fernández, diputado de Morena Foto: Redes Sociales
¿Qué dijeron los diputados sobre la responsabilidad de la empresa y las autoridades?
Fernández, presidente de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres en la Cámara de Diputados, señaló que los peritajes definirán si es necesario actualizar normas y reglamentos, pero subrayó que no se pueden soslayar las responsabilidades:“Se tiene que revisar qué pasó, sancionar a la compañía y también la supervisión de las autoridades encargadas de vigilar que se cumplieran los protocolos”.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, lamentó que las leyes federales y locales tengan vacíos respecto al tránsito de camiones que transportan sustancias peligrosas. “En la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito, por ejemplo, tiene lagunas viales, especialmente en el artículo 27, donde no se especifican los horarios y los lugares por donde deben de circular los vehículos de transporte de sustancias tóxicas o peligrosas, como esta pipa que provocó la tragedia en Iztapalapa”, afirmó.
Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano Foto: Redes Sociales
¿Habrá reformas legales tras la tragedia en Iztapalapa?
Ballesteros adelantó que presentará una iniciativa para cerrar estas lagunas legales y evitar que intereses corporativos estén por encima de la seguridad ciudadana.
Ambos legisladores coincidieron en que el caso no se limita a trámites administrativos de permisos: se trata de un asunto de responsabilidad penal, ya que la explosión dejó varios muertos y decenas de heridos.
