Avanza nueva ley antilavado
Es un la vigilancia excesiva, reclama la oposición

La reforma pasará al pleno del Senado
Las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron con la mayoría de votos de Morena y de sus aliados políticos, reformas a la Ley Antilavado.
Esta ley incluye el monitoreo como Personas Políticamente Expuestas (PEP), órganos autónomos, legisladores, juzgadores, fiscales, policías, secretarios de Estado y todo tipo de servidores públicos en los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión.
Los partidos de oposición alertaron sobre riesgos de vigilancia excesiva, uso faccioso y violación de derechos con nuevas atribuciones a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financierta (UIF).
Estas comisiones avalaron el dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, además de modificar los artículos 11 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal.
Esta reforma amplía el espectro de vigilancia financiera al incorporar, por primera vez, a servidores públicos de los tres niveles y poderes de gobierno, así como órganos autónomos y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
La Secretaría de Hacienda será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de las personas servidoras públicas clasificadas como PEP, y podrá solicitar información patrimonial y financiera directamente a entidades públicas, sin que medie orden judicial.
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Las dependencias federales, locales y municipales, así como órganos autónomos, empresas públicas y fiscalías deberán remitir sus listados a Hacienda.
Además, se impone la obligación de monitorear intensivamente a las PEP en actividades financieras consideradas de riesgo y de contar con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas “actividades vulnerables”, que incluyen casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras.
Según el senador morenista Javier Corral, presidenta de la Comisión de Justicia, la reforma busca cumplir compromisos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitar sanciones internacionales y garantizar que las actividades económicas en México sean legales y transparentes.
También, afirmó que estas medidas buscan prevenir que recursos ilícitos contaminen el sistema financiero.
Sin embargo, legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano externaron fuertes críticas.
Manuel Añorve, coordinador del PRI, denunció que la reforma da herramientas al gobierno para “congelar cuentas por simple sospecha”, y advirtió un uso faccioso para perseguir a opositores, sindicatos, iglesias, partidos políticos y organizaciones civiles sin necesidad de juicio previo.
“Esta reforma tiene una orientación política de control prácticamente absoluto. Y entonces esto se convierte como en Venezuela, para poner un ejemplo, en una vigilancia política, en una justicia financiera a modo del gobierno, o sea, es una persecución disfrazada”.
— Manuel Añorve
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, expresó preocupación por el acceso sin restricciones a datos personales y financieros de los mexicanos.
Por su parte, Guadalupe Murguía, senadora del PAN, alertó sobre el riesgo de ambigüedad en la definición de PEP y cuestionó que sea la Secretaría de Hacienda la encargada de interpretar e implementar las disposiciones, lo que consideró “jurídicamente inconveniente”.
Añadió que empresarios han manifestado preocupación por la carga administrativa impuesta a quienes realicen actividades comerciales que excedan ciertos umbrales de operación.
Finalmente, Carolina Viggiano, senadora del PRI, advirtió sobre la participación de la Guardia Nacional en investigaciones de lavado de dinero sin supervisión del Ministerio Público ni control judicial, lo que, dijo, convierte al Estado en “juez, policía y verdugo”, violando la presunción de inocencia.
La reforma será enviada al pleno del Senado para su eventual discusión y votación en una sesión extraordinaria aún por definirse.