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  • 13 MAR 2025, Actualizado 21:47

Desafuero de Cuauhtémoc Blanco, es decisión del Congreso, recalca Sheinbaum

La presidenta pidió que no se politice y que la decisión se base en pruebas

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La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que se sustente en las pruebas existentes para decidir si habrá o no desafuero para el ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de abuso sexual en contra de su media hermana.

Durante la mañanera en Palacio Nacional la Primera Mandataria dijo que corresponderá a la Cámara Baja pronunciarse si es que existen las pruebas suficientes contra el diputado federal.

“Tiene que sustentarse en si hay pruebas o no, que no sea un asunto político, sino que sea un asunto de revisión, de si realmente considera la Sección Instructora si hay suficientes pruebas para poder llevar a cabo el desafuero, entonces les corresponde a ellos y que se evite un asunto político y que en todo caso se vea si hay sustento en esto”.

Por cierto que Sheinbaum Pardo evitó hablar sobre el seguimiento al caso en contra del ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, cuestionada si el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una ficha de búsqueda contra el también ex legislador, sólo señaló que es un asunto que investiga la Fiscalía General de la República (FGR).

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“Pues es parte en todo caso de lo que pide la Fiscalía, la Fiscalía tiene esta investigación y en el proceso de ya con la orden de aprehensión, ellos emiten las alertas que tengan que emitir, no sé si notificaron a migración o no, pero es un procedimiento rutinario digamos, que hace la Fiscalía cuando ocurre una situación así.

-¿Se tiene conocimiento que el exgobernador se encuentre en México?

-No, no tengo conocimiento además no me corresponde a mi involucrarme en este tema, es un tema de la Fiscalía”.

La FGR acusa a Silvano Aureoles y a cuatro de sus colaboradores de causar un daño patrimonial durante su administración en Michoacán. La dependencia lo señala de haber dirigido presuntamente a un grupo de funcionarios para desviar mil millones de pesos del erario destinados a la construcción de siete cuarteles de policía.

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