Ante aprobación de la NOM-237 escuelas particulares recurrirán al amparo

México

Ante el análisis y posterior aprobación la semana próxima de la Norma Oficial Mexicana 237 (NOM-237) por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), con la que se busca regular los derechos y las obligaciones de las escuelas particulares en la prestación de servicios educativos, representantes de las instituciones particulares de educación hicieron un llamado a esta instancia al tiempo que advirtieron que podrían recurrir al amparo en caso de aprobarse esta disposición que consideraron a todas luces sobre regulatoria, según lo expresó en conferencia de prensa Norma Leticia León Federación de Escuelas Particulares del Estado de México (FEPEM).

"Y nuestra pretensión es no pensar más allá de que se pudiera llevar a cabo esta publicación, sin embargo, también está en enfoque el poder hacer uso de la Ley de Amparo y habríamos que sujetarnos precisamente a esta ley para continuar y considerar que las escuelas particulares son un gran apoyo coadyuvantes de la educación en el país para que se desprotejan", reprochó Norma Leticia León directora de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de México (FEPEM).

Agregó que a pesar de que el Gobierno asegura que la NOM-237 no debería de afectar las finanzas de las escuelas particulares, la realidad es que su aplicación generaría una sobre regulación que equivaldría hasta el 35% de los ingresos anuales de los colegios, obligándolos a incrementar las colegiaturas y con esto dejando sin posibilidad de educación a miles de niños y jóvenes y sin trabajo a muchas personas más.

"Lo estamos enfocando en una magnitud a nivel nacional que podrían ser 18 mil escuelas precisamente en este nivel de escuelas porque sí hay muchas escuelas pequeñas que se han visto afectadas en disminución de sus inscripciones, de sus alumnos, entonces estamos hablando de un número bastante elevado de personas, profesores y en general que se verían afectadas y se quedarían precisamente 540 mil alumnos sin un centro educativo", advirtió Norma Leticia León.

El punto fundamental del que se desprende el resto de los motivos por los cuales nos negamos a ser regulados por el aún proyecto de NOM 237, señaló, es porque tiene un vicio de origen, o como se dice ahora en el derecho penal, existe una falta al debido proceso porque equipara al servicio educativo con un acto de comercio, poniendo en entredicho su esencia como servicio público, mismo que el señor comisionado presidente conoce muy bien, al haber sido profesor de una institución particular de educación. Además, sabe que la educación de calidad contribuye al progreso de los países y genera mejores condiciones de movilidad social para sus habitantes.

Argumentó que el definir a las escuelas particulares como establecimientos mercantiles en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), cuando en el artículo 75 del Código de Comercio no se contempla a los servicios educativos como un acto de comercio, no sólo muestra la inexistencia de materia para generar una norma de tal envergadura, sino también pasa por alto que en los servicios educativos no existe especulación comercial, tampoco impera la intermediación y mucho menos son actos masivos.

El servicio educativo, además, no puede equipararse a un acto comercial ni a cualquier otro servicio porque el servicio educativo es un servicio público de interés social, con particularidades específicas que deben conocerse a profundidad para poder regularlo y vigilarlo. Por este motivo, son precisamente las autoridades educativas quienes desde hace muchos años lo regulan, vigilan, verifican y supervisan, porque son las autoridades especialistas en la materia y quienes dominan las particularidades del servicio educativo en general, así como las particularidades derivadas de cada tipo y nivel educativo.

Por último, los representantes de las instituciones particulares de educación reiteraron su llamado a la Conamer y a su comisionado presidente, Alberto Montoya Martín del Campo, para que una vez cumplido el plazo de análisis el próximo día 15 y en virtud de las justificadas objeciones, anule la posibilidad de que el proyecto de Norma 237 sea publicado por ser dañino para la sociedad mexicana en su conjunto,