El Estado, obligado a dar servicio médico a menores de padres desaparecidos

México

El fenómeno social tan grave de desaparición requiere del reconocimiento del Estado y sobre todo de los impartidores de justicia de velar por los derechos de las personas, víctimas indirectas de esta desgracia, señaló la jueza Blanca Alicia Lugo López.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, compartió el caso de una menor en Puebla a quien le fue negada la inscripción al IMSS.

Detalló que tras la desaparición de su hija en 2021, la abuela materna tuvo que hacerse cargo de su nieta y a pesar de presentar la denuncia, no logró la declaratoria de desaparición.

Al ser la única responsable de la menor, la abuela acudió al IMSS, para registrar a la niña como beneficiaria del servicio; sin embardo el instituto no se lo permitió porque "su situación no entraba en ningún término de la normativa".

La juez señaló que esto se debió a que "en el estado de Puebla la legislatura no ha armonizado la legislación con la Ley general de la materia de forzada de desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas", misma que dijo "fue publicada desde el 16 de noviembre de 2017 y se le otorgó un plazo a las legislaturas estatales para que hicieran las leyes correspondientes o armonizaran las que ya tenían".

Por tal motivo, se crearon dos juicios de amparo uno por la falta de legislación y otra por la negativa de inscripción al IMSS, por los que ya se tiene sentencia y "se reconoce que la señora fue madre, trabajadora, abuela y que ahora realiza las funciones cuidado de su nieta, de madre y que se encuentra buscando a su hija".

Respecto al amparo para que la legislatura cumpla la armonización y los lineamientos internacionales sobre desaparición de personas, también resultó a su favor, pues dijo, "se debe de partir de que las personas viven y tiene derechos que deben ser resguardos".

Finalmente recordó que "las personas desaparecidas son escuchadas a través de quienes les buscan" y la que la sensibilidad de los juzgadores es esencial para el respeto de los derechos de las personas, en este caso de los abuelos que realizan las funciones de los padres y de los menores.