Protección a defensores ambientales no existe en México: Gustavo Alanís
2022, el tercer año más violento para la defensa del patrimonio natural, 45% de los casos, responsabilidad de los tres niveles de gobierno
197 eventos de agresión en contra de defensores ambientales, un 82.4% más que en el 2021
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México
"Con 197 eventos de agresión más que en 2021, el 2022 se convierte en el tercer año más violento para la defensa del patrimonio natural del país," afirma Gustavo Alanís, quien presentó el "Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales en México 2022".
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En el espacio de "Así las Cosas", con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), compartió los datos del informe que el organismo realiza desde 2014, y que arroja en su reciente edición un incremento de 82.4% de actos de agresión, haciendo del 2022 "el año más letal" para los defensores ambientales en nuestro país.
Entre las agresiones se cuentan hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y homicidios. "24 defensores ambientales fueron asesinados en 2022... de 2020 a 2022, suman 82, lo cual es insostenible".
Sobre la responsabilidad dijo "45% de los casos hablamos de los tres niveles de gobierno fiscalías estatales, federal, cuerpos militares, Guardia Nacional, Semar, Sedena, entre otros".
Aunque también hay responsabilidad de otros actores como "delincuencia organizada, paramilitares, vecinos de las comunidades y empresas privadas", aunque en menor medida.
Los estados donde se ejerce mayor violencia contra los defensores de derechos humanos ambientales se encuentran "Guerrero con ocho asesinatos, Chihuahua, Oaxaca y Puebla con 3 cada uno", afectando mayormente a hombres, personas de pueblos indígenas.
"El mayor riesgo de agresiones se encuentra en la minería" sin embargo, también en la protección de biodiversidad, áreas protegidas, áreas forestales, vías de comunicación, agua y energía.
Por ello hizo un llamado a "fortalecer los mecanismos de protección, que México suscribió hace dos años, un acuerdo regional de acceso a información y justicia ambiental dice que los estados deben garantizar un ambiente propicio y seguro para que los protectores ambientales puedan desempeñar su labor con medidas adecuadas para proteger su vida, derecho a la libertad y libertad de expresión". Pues aseguró que todo esto "en México no sucede".