Denuncian intento de expropiación irregular en Bahía de Banderas; abogado defensor es detenido
A Joel Marín García, abogado de uno de los dueños de los terrenos, se le dictó prisión preventiva
Imagen aérea de Bahía de Banderas, en Nayarit, México.
Un grupo de 87 inversionistas originarios de Jalisco, propietarios de alrededor de 900 hectáreas de terrenos en Bahía de Banderas, denunció ser víctima de un intento de expropiación irregular por parte del gobierno estatal de Nayarit. Los afectados señalaron que, bajo el argumento de “utilidad pública” e “interés social”, se han iniciado desalojos arbitrarios, incluso en predios de carácter ejidal.
La situación se agravó tras la detención del abogado defensor Joel Marín García, quien representa a uno de los dueños de los terrenos. Marín fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa por presunta asociación delictuosa, luego de una audiencia celebrada el pasado martes 18 de noviembre que se prolongó hasta la madrugada del miércoles. Los denunciantes calificaron la medida como irregular, pues el litigante únicamente ejercía la defensa legal de los propietarios.
De acuerdo con los inversionistas, el gobierno estatal pretende apropiarse de tierras que forman parte del fideicomiso FIBBA (Fideicomiso de Bahía de Banderas), utilizando a la fiscalía y al poder judicial para llevar a cabo procedimientos de expropiación cuestionados. El vocero del grupo, González Puig, responsabilizó directamente a la subfiscal estatal Elvia Ludmila Heredia Verdugo, quien anteriormente dirigió el fideicomiso, así como al coordinador jurídico estatal Gabriel Camarena, de impulsar mecanismos “pseudo legales” para despojar a los propietarios. Incluso refirió que existen denuncias abiertas, como la carpeta NAY/TEP-III/RH/3317/2022, relacionadas con este conflicto.
Los afectados señalaron que la fiscalía ha iniciado diversas investigaciones contra los dueños de los predios, argumentando que fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita hace más de 20 años y que los precios de compraventa no correspondían al valor real de la época. Sin embargo, los inversionistas sostienen que se trata de hechos prescritos y que las adquisiciones fueron legales, respaldadas con documentación oficial.
En su defensa, Joel Marín presentó pruebas de la legalidad de las operaciones realizadas por los empresarios, quienes adquirieron los terrenos hace más de dos décadas. Pese a ello, fue detenido y permanece bajo prisión preventiva, lo que los denunciantes consideran un acto de criminalización de la defensa jurídica.
Ante este panorama, González Puig anunció que acudirán a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar lo que califican como arbitrariedades del gobierno de Nayarit y promover amparos que permitan la liberación del abogado Joel Marín García.
