¿Doble moral? Manifestantes enfrentan 20 años de cárcel mientras corruptos tienen penas bajas
Leonardo Núñez González advirtió sobre el doble rasero en el uso de la acción penal, contrastando la severidad contra manifestantes del 15 de noviembre con la aplicada en casos de corrupción.
Los detenidos de la marcha enfrentan hasta 20 años de cárcel, además de que podrían pasar años sin sentencia
En el sistema de justicia mexicano existe un doble rasero y “doble moral”, donde el Estado utiliza su monopolio del ejercicio de la acción penal para decidir a quién persigue y con qué severidad, alertó Leonardo Núñez González, director de Investigación Aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción.
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¿Por qué Núñez González habla de un doble rasero?
En el espacio de “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el analista explicó cómo esta discrecionalidad está siendo aplicada de forma desproporcionada.
La controversia surge a raíz de la acusación del delito de tentativa de homicidio a un grupo de 27 detenidos —no 18, como inicialmente dijo la Fiscalía— durante la marcha del pasado 15 de noviembre, quienes han sido encarcelados e incluso podrían pasar años en prisión sin una sentencia, solo por “ir pasando por ahí” o sin prueba de flagrancia o violencia.
Cabe recalcar que el delito de homicidio en México conlleva una posible pena de entre ocho a 20 años de cárcel.
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¿Qué contraste existe con los casos de corrupción?
Este severo castigo contrasta fuertemente con la forma en que el Estado persigue grandes casos de corrupción. Figuras como Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, o incluso Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, son investigados y acusados bajo la figura de asociación delictuosa.
Este delito se utiliza típicamente para crímenes comunes y tiene una pena mucho más baja, de cinco a 12 años. Al usar esta figura “débil”, el Estado hace parecer que se trata de delincuentes aislados, en lugar de abordar el problema como delincuencia organizada.
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¿Qué implicaciones tiene este uso diferenciado de la ley?
Núñez González enfatizó que esta es una decisión deliberada del gobierno que afirma que “estos estudiantes quisieron matar”, mientras que a los políticos se les aplica el delito “más blando o más laxo posible”.
La represión desmedida en las manifestaciones y la impunidad en los casos de corrupción son dos caras de la misma moneda que alimentan la indignación y la movilización social.
