Suprema Corte revisará la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca
La SCJN analizará si debe mantenerse la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas por delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo a una jueza, la FGR no presentó evidencias suficientes contra el panista.
Al ejercer su facultad de atracción, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que encabeza el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, revisará si debe prevalecer la orden de aprehensión girada contra el exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Francisco García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
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¿Por qué la Corte revisará el caso de Cabeza de Vaca?
En la sesión de este miércoles, el alto tribunal constitucional aceptó conocer de la impugnación que la Fiscalía General de la República (FGR) tramitó contra la cancelación del mandamiento judicial ordenada por la jueza Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, Adriana Yolanda Vega Marroquín, al considerar que la FGR no presentó evidencias suficientes contra el panista.
Y es que la impartidora de justicia federal otorgó la protección de la justicia a Cabeza de Vaca y ordenó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Enrique Beltrán Santés, emitir una nueva determinación en la que debía señalar que no existen los delitos que se le imputan al exmandatario estatal.

La SCJN aceptó conocer de la impugnación que la Fiscalía General de la República (FGR) tramitó
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¿Qué argumentos presentó la Fiscalía?
Ante esta decisión, la FGR impugnó ante un Tribunal Colegiado el amparo que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, obtuvo contra la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Se determinó que la FGR no acreditó con datos de prueba “suficientes” y “eficaces” que García Cabeza de Vaca, trianguló, recibió y ocultó recursos dentro del país en tres esquemas diferentes con supuestas empresas “fantasma” y en complicidad con Juan Francisco Tamez Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantú.