Auditoría Superior de la Federación denuncia en FGR malos manejos en el Conacyt de María Elena Álvarez Bullya

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) malos manejos superiores a los 50 millones de pesos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), durante la gestión de María Elena Álvarez-Buylla.

Las irregularidades están relacionadas con contratos que la gestión de Álvarez-Buylla firmó para la extinción de fideicomisos de ciencia y tecnología que, según la política pública del gobierno anterior, daban pie a la corrupción. Sin embargo, los auditores federales encontraron que fue en estas operaciones de extinción donde realmente ocurrieron los posibles malos manejos.

Esta es la primera vez que la ASF presenta una denuncia penal por malos manejos en el Conacyt, luego de más de dos décadas de revisiones. Además, el caso Conacyt se suma a los casos Segalmex y Conade como los únicos del sexenio pasado que han sido denunciados por los auditores ante el Ministerio Público de la Federación.

Los datos de la ASF indican que a través de la acción con número clave 2021-0-49100-19-0092-09-001 se presentó la denuncia de hechos sustentada en el dictamen técnico del informe de resultados de la auditoría de cumplimiento financiero número 92, correspondiente a la cuenta pública 2021.

En dicha auditoría se analizaron los procesos de extinción de cuatro fondos institucionales, como parte de una política implementada en dicha administración para la eliminación de diversos fideicomisos que, supuestamente, representaban un derecho de recursos o abrían la puerta a posibles actos de corrupción.

Pero lo que los auditores encontraron fueron malos manejos justamente en los procesos de extinción de dichos fondos y la firma de cesión de derechos de varios de los servicios, que dejaron un probable daño al erario superior a los 57 millones de pesos.

Las anomalías identificadas y denunciadas corresponden específicamente al año 2021. Fuentes federales indicaron que la FGR ya inició la carpeta de investigación correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

Sin rastro de lo pagado

Según el informe de resultados de los auditores, hay dos grandes anomalías identificadas. Por un lado, los auditores encontraron que no hay evidencia documental que compruebe la realización de servicios contables y administrativos vinculados con la desaparición de los fideicomisos.

“Se observó que la entidad fiscalizada no evidenció los entregables de los servicios pactados contractualmente, ni acreditó su la prestación, requisitos indispensables para efectuar los pagos en 2021, de cinco contratos formalizados con tres prestadores de servicios NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V., COFISAA Servicios Empresariales, S.C. y Soluciones Empresariales & Profesionales ZUVI, S.C., por un total de 35 millones de pesos”

—  indica el reporte de los auditores.

La otra irregularidad grave reportada por los auditores, y que asciende a un posible daño al erario de casi 22.5 millones de pesos, está relacionada con un contrato que se firmó con la empresa NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V., relativo al servicio de seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable de los proyectos transferidos al Conacyt por la extinción de los fideicomisos de los fondos institucionales, mixtos y sectoriales.

De acuerdo con los términos de referencia para la contratación del servicio, se daría seguimiento de 1,799 proyectos vigentes, de los 64 fondos que serían transferidos al Conacyt, una vez extintos los citados fideicomisos.

Sin embargo, aunque se reportó que los trabajos se llevaron adecuadamente y se emitieron y pagaron las facturas, los auditores encontraron múltiples irregularidades serias en la documentación comprobatoria, como archivos duplicados ilógicos o con inconsistencias en las fechas en que supuestamente se realizaron los servicios.

“Como <i>entregables</i>, el prestador del servicio únicamente emitió archivos de Excel no estructurados, de los que no se proporcionó documentación soporte que avale la veracidad de la información que se muestra en éstos. En el análisis de los archivos electrónicos proporcionados por el CONACyT, se identificaron inconsistencias en cuanto a los estatus reportados, así como en los montos neto de convenio, ministrado, comprobado, remanente, de devolución de recursos y número de documentos referidos, lo que resta confiabilidad a la información presentada”

—  indica el reporte de los auditores.

Peor aún es que después de la reunión de trabajo relacionada con la revisión de esos servicios, las autoridades reconocieron que no se cuenta con evidencia de que los servicios se hayan proporcionado por el proveedor, ni se tiene la certeza de que los entregables mensuales de julio y noviembre de 2021 correspondan a ese periodo.

“El Conacyt aseveró que la información contenida en las <i>bases de datos </i>proporcionadas como entregables de los servicios presentan inconsistencias, por lo que no se tiene la certeza de que los trabajos reportados sean confiables. Por lo que la entidad fiscalizada no proporcionó la información o documentación que justificara o aclarara lo observado”

—  concluyeron los auditores.

Paja en el ojo ajeno

A lo largo de su administración en el Conacyt María Elena Álvarez-Buylla insistió en que era necesario procurar un mejor manejo de los recursos públicos, y en varias ocasiones acusó supuestos malos manejos o derroches en gestiones pagados en ese organismo. Nada de ello fue respaldado o identificado por alguna auditoría.

Sin embargo, pese a la falta de evidencia, Álvarez-Buylla denunció a 31 destacados investigadores, académicos y exmiembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), quienes fueron señalados por supuestamente haber desviado más de 244 millones de pesos a través de una compleja red de contratos y fideicomisos.

El proceso legal se extendió por varios años, en los que la FGR presentando diversas solicitudes de orden de aprehensión que fueron reiteradamente negadas por jueces federales.

En 2023, un juez federal sobreseyó la causa penal, lo que significó la absolución definitiva de los 31 científicos y exfuncionarios. El juez determinó que los hechos imputados no constituían un delito y que el uso de los recursos públicos estaba justificado.