Recibe Cámara de Diputados iniciativa para crear Ley General en materia de extorsión
Se considera la gravedad de este delito, sus modalidades, su incidencia y las dañinas repercusiones económicas, comerciales, físicas y psicológicas de las víctimas
FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
La Cámara de Diputados recibió la iniciativa de reforma constitucional que faculta al Congreso federal a legislar en materia de extorsión y crear una Ley General que homologue sanciones a quien cometa este delito.
El proyecto fue turnado directamente a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja.
Se trata de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum que modifica el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 constitucional y que únicamente incluye el término “extorsión” a la serie de rubro en los que el Congreso de la Unión puede legislar en materia de secuestro, desaparición forzada de personas, trata de personas, tortura, en el rubro electoral, etc. y ahora respecto a la extorsión.
En la exposición de motivos, se considera la gravedad de este delito, sus modalidades, su incidencia y las dañinas repercusiones económicas, comerciales, físicas y psicológicas de las víctimas.
Establece políticas para prevenir el delito de extorsión en los tres órdenes de gobierno, privilegia el uso de tecnologías, sistemas de inteligencia informática para la investigación, persecución y sanción de este ilícito.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2022 a 2024 se registraron cada año más de 10 mil víctimas de extorsión.
En 2018 se registró un promedio de 18 mil extorsiones diarias, mientras que tan solo en enero de este 2025 fue de 29 reportes por día.
Los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61 por ciento de las víctimas en 2024 y a enero 2025. Solo el Estado de México acumula el 33.1 por ciento.
Para el combate eficaz de este delito a nivel nacional debe haber una homologación de las penas pues existe una discrepancia aritmética notable.
Por ejemplo, en el ámbito federal la penalidad es de 2 a 8 años, en Oaxaca las penas van de 1 a 3 años y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años, por lo que esta disparidad debe ser corregida.
