INAH clasifica como reservados los permisos a Mr. Beast en controversia por grabaciones en Calakmul y Chichén Itzá

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha clasificado como reservados los permisos que fueron entregados al popular creador de contenido Mr. Beast (Jimmy Donaldson) para grabar en zonas arqueológicas mayas, incluyendo sitios emblemáticos como Calakmul y Chichén Itzá. Esta clasificación implica que la información relacionada permanecerá confidencial hasta por cinco años, es decir, hasta 2030.

Esta decisión se da en el marco de un procedimiento administrativo actualmente en trámite, que ha llevado al INAH a reservar estos datos con el argumento de proteger estrategias institucionales.

Motivo oficial de la reserva

Según lo informado por el INAH, la información sobre los permisos se considera sensible y podría resultar perjudicial para la institución si se divulga durante el proceso administrativo. Por ello, amparados en la Ley Federal de Transparencia, esta documentación fue clasificada como reservada.

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Diego Prieto, director general del INAH, ha señalado que este proceso incluye un diálogo conciliatorio con Mr. Beast y su productora Full Circle Media, en donde se plantearon propuestas como una disculpa pública por excesos cometidos y un posible convenio de colaboración futuro.

La polémica surgió luego de que el INAH acusara a Mr. Beast de violar las condiciones de los permisos otorgados para grabar con fines comerciales en zonas protegidas, acciones que el creador de contenido ha negado indicando no existir una demanda formal en su contra.

Además, el uso de imágenes y videos de sitios arqueológicos para proyectos con fines comerciales sin autorización generó rechazo por parte del INAH y la comunidad cultural, lo que ha intensificado el proceso administrativo y la clasificación de esta información.

Implicaciones para el acceso a la información y uso cultural

La reserva de esta documentación plantea un debate importante en torno a la transparencia en la gestión de permisos para grabaciones en patrimonio cultural, especialmente ante la creciente participación de creadores digitales con audiencias globales.

La resolución definitiva de este caso podría marcar un precedente sobre cómo se manejan futuras colaboraciones entre instituciones culturales y productores de contenido digital.

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