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  • 21 ENE 2025, Actualizado 01:35

Auditoría final al INAI revela nepotismo, viajes irregulares y presuntos moches a funcionarios

Hasta el 10% de los servidores públicos están emparentados. Funcionarios del INAI señalan a Así las Cosas PM que las extorsiones han sido toleradas por el comisionado presidente Adrián Alcalá

La otra cara del INAI: dispendio y nepotismo.

La otra cara del INAI: dispendio y nepotismo.

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El 10 por ciento de los funcionarios emparentados entre sí; viajes nacionales e internacionales no autorizados; trabajadores administrativos que en realidad son choferes; servicios duplicados y omisiones en algunos contratos; y cobro de moches a los servidores públicos a cambio de seguir contratados.

Estas son algunas de las irregularidades reportadas en el informe de resultados de una auditoría forense practicada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) correspondiente a la cuenta pública 2023, y que se hará público en febrero.

Así las Cosas PM tuvo acceso al documento de más de 200 páginas que contiene el resumen de los hallazgos y los datos. Además, trabajadores del INAI confirmaron por separado a este medio, los presuntos hechos de corrupción relacionados con la exigencia de dinero a cambio de mantener su empleo.

Esta auditoría forense de Gestión Financiera número 226 será la última que se practique al INAI toda vez que dicho instituto quedará oficialmente extinto este año tras las reformas constitucionales ya aprobadas que trasladan sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, entre otros entes.

A continuación se detallan algunos de los puntos clave del informe del equipo de auditores encabezado por Rafael Obregón Castellanos, director de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero “A”.

Más de 60 funcionarios emparentados

De 687 servidores públicos del INAI analizados, los auditores encontraron que 62 de ellos que equivalen a casi un diez por ciento del total cuentan con familiares trabajando dentro de la institución, pese a que los reglamentos internos expresamente prohíben estos hechos para prevenir el nepotismo.

“Se constató que 62 personas servidoras públicas del INAI contaron con familiares dentro del Instituto, donde se identificaron padres, madres, hijos, hermanos, primos, tíos y cónyuges. En dos casos hay personas con hermanos dentro de la misma área de adscripción” indica el informe.

De todos los casos destacan cinco donde hay hasta tres familiares laborando en el INAI. Es el caso, por ejemplo, de Edgar Loaeza Salmerón quien labora en la institución como enlace en una oficina de un comisionado, al tiempo que sus dos hijos también trabajan en el instituto: Edgar Michel Loaeza Martínez en la Dirección General de Enlace, y su hermano Yair Adoniyya Loaeza Martínez en la Dirección General de Capacitación.

Moches a cambio de plaza

Los auditores tuvieron conocimiento de que en el periodo de 2018 a 2022 se habrían exigido a funcionarios del INAI pagos de una parte de su sueldo de parte de superiores o incluso comisionados a cambio de mantener sus puestos de trabajo.

“Se conoció de diversas solicitudes de servidores públicos INAI a personal de este ente público, de parte de sus sueldos, lo anterior, para continuar laborando en dicho Instituto, hechos que fueron referenciados durante los ejercicios fiscales de 2018 a 2022, por servidores públicos y exservidores públicos del INAI, que tuvieron conocimiento de que se realizaba esta solicitud”, indica el informe.

La ASF no da más detalles al respecto, pero extrabajadores del Instituto indicaron a Así las Cosas PM que el responsable de estas prácticas extorsivas era el entonces comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chevop, mejor conocido dentro del Instituto como “Eugenio Monterrey”, quien llegó a exigir de 20 hasta 50% del sueldo que se entregaba a los funcionarios.

Los exfuncionarios acusaron que estas graves irregularidades siempre fueron del conocimiento del hoy comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá quien, incluso, recontrató como secretario ejecutivo a Monterrey luego de que este renunciara como comisionado tras el escándalo de los presuntos pagos efectuados con una tarjeta del instituto en un table dance.

Señalaron que luego de que Monterrey asumió ese cargo las extorsiones se cobraron a través de subordinados como Irlaene Galván y Juan Carlos Carrasco. Acusaron que el comisionado Alcalá ha tolerado estas prácticas irregulares.

“Cuando Galván se retiró de la cobranza de moches, Alcalá, en complicidad con Monterrey, decidieron nombrar a Juan Carlos Carrasco y a su esposa Luisa Hernández como los nuevos cobradores de los moches”, señalaron en un escrito al que este medio tuvo acceso.

Funcionarios “choferes”

Los auditores identificaron ocho casos de personas contratadas para labores administrativas en el INAI que, en realidad, no cumplen con esa función sino con una diversa. Incluso, se reportó que algunos son utilizados expresamente como choferes al servicio de comisionados.

Un ejemplo es el caso de Noel Camacho Sánchez quien ocupa la plaza de “enlace” en la Secretaría de Protección de Datos Personales cuyas funciones son, supuestamente, apoyar en la gestión y seguimiento de los oficios que recibe el área, así como en el “acompañamiento” del titular de esa unidad en distintas comisiones.

Sin embargo, al ser entrevistado por los auditores, Camacho reconoció que su labor principal es la de trasladar a servidores públicos del INAI de un lugar a otro, aun cuando estos no pertenecen a la unidad administrativa a la que él se encuentra adscrito.

Camacho agregó que esto lo ha tenido que hacer en ocasiones en su auto particular, y se le dio la instrucción de tener que estar al pendiente “las 24 horas” los “7 días de la semana” para atender cualquier solicitud de traslado. Agregó que en diversas ocasiones también ha sido requerido para llevar al comisionado presidente del INAI a diversos destinos en camionetas del instituto.

Viajes irregulares

En 2023 el INAI erogó 2 millones 436 mil 278 pesos por concepto de viáticos y pasajes de sus cuatro comisionados, tanto a destinos nacionales como internacionales. En total dichos viáticos estuvieron relacionados con 196 comisiones o viajes de trabajo.

Sin embargo, los auditores identificaron que hubo siete comisiones internacionales que representaron por sí solas un gasto de casi medio millón de pesos en los que no se acreditó que el Pleno del INAI autorizara la designación del comisionado en cuestión para realizar el viaje. Es decir, no se siguieron los lineamientos internos y, por lo tanto, esos viajes no debieron llevarse a cabo.

Los viajes en cuestión fueron cuatro de la comisionada Blanca Lilia Ibarra a Filipinas, Rumana y al Reino Unido; dos de la comisionada Josefina Román Vergara a Japón y Reino Unido; y uno del comisionado Adrián Alcalá a Estonia.

Además, la auditoría forense identificó que 62 informes de comisión con la comprobación de gastos de los viáticos asignados se realizaron fuera del plazo legal de diez días hábiles posteriores para ser presentados.

Aunque los cuatro comisionados incurrieron en esta anomalía quien lo hizo con mayor frecuencia fue Adrián Alcalá a quien corresponden 28 de los 62 informes entregados de forma extemporánea. En dos casos los entregó con más de 20 días hábiles de retraso.

Irregularidades en contratos

Los auditores revisaron varios contratos que el INAI adjudicó en 2023 y corroboraron que en la mayoría de los casos se llevaron a cabos los servicios, aunque con irregularidades sobretodo de corte administrativo o de verificación de los tiempos y condiciones establecidos.

El caso más grave es el relacionado con un contrato por servicios contables por el cual se pagó más de un millón 800 mil pesos. El servicio era innecesario ya que el Instituto contaba con su propia área a cargo de esta tara.

A su vez los auditores encontraron fallas en el seguimiento, control, asistencia y registro en servicios relacionados tanto con la seguridad de sus instalaciones a cargo de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, y de labores de limpieza a cargo de un contratista privado.

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