Otorgan amparo a Juan Collado contra acusación de la FGR

México

Un Tribunal Federal otorgó un amparo al abogado Juan Collado para dejar sin efecto la segunda acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso Caja Libertad.

De esta forma el abogado Collado sólo enfrentará el procedimiento que lo involucra por un supuesto cobro de 24 millones de pesos y no de 156 millones de pesos (mdp) por la venta irregular de un edificio sede de Caja Libertad en Querétaro.

De igual forma, se ordenó a un juez de control para que, con libertad de jurisdicción, determine si otorga o no un plazo razonable al quejoso para que pueda allegarse de pruebas que ha solicitado a las autoridades hacendarias para presentar su defensa.

Lo anterior fue posible gracias a que el proyecto del magistrado Horacio Armado Hernández Orozco, donde propuso conceder la protección de la justicia avalado por unanimidad del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.

Dicha propuesta fue apoyada por los magistrados Juan José Olvera López y Francisco Javier Sarabia Ascencio.

Durante la sesión, se expuso que la defensa de Juan Collado ha solicitado insistentemente la información a la autoridad hacendaria para determinar si la hace parte o no de su descubrimiento probatorio.

“La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Juan Ramón Collado Mocelo contra los actos reclamados al juez de distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en funciones de juez control”, según los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.

Asimismo, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte determinó “sanear” el procedimiento y ordenó la reapertura de nueva cuenta de la fase de investigación complementaria con dos meses más, sin la oposición de la FGR ni de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Por último, señalaron que el juez solo debió haber decidido si autorizaba o no el plazo razonable solicitado, y si a su consideración ya no era propio continuar otorgándolo, debido a los múltiples plazos que ya habían sido concedidos a la defensa, o porque ya no eran actuaciones propias de ser recabadas en esa etapa intermedia.