Ejidatarios y pueblos indígenas piden que reforma eléctrica los contemple

Ciudad de México

Durante el foro 22 del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica que organiza la Cámara de Diputados, activistas, ejidatarios y usuarios, demandaron a los legisladores que se les tome en cuenta en el proyecto de reforma constitucional.

Mientras que, representantes de empresarios del sector eléctrico se pronunciaron en contra de la propuesta del presidente López Obrador, pero se dijeron dispuestos a colaborar para mejorar la iniciativa planteada.

En el foro denominado “Usuarios, Pueblo Indígenas y Electricidad” los representantes de los pueblos originarios expusieron sus problemáticas como la falta de servicio eléctrico y la negativa de CFE a atenderlos y los abusos de empresas trasnacionales contra sus comunidades.

Magdalena Morales García, representante de los Pueblos Originarios en Existencia, exigió a los legisladores la aprobación tal cual, de la iniciativa de reforma eléctrica.

“Vengo en representación de los pueblos originarios en resistencia exigiendo que se apruebe la iniciativa que tiene nuestro presidente de la República, porque lo que nosotros necesitamos, como pueblos originario, como campesinas y campesinos, es que nos den una tarifa preferencial, un servicio de calidad, la condonación de adeudos y la renacionalización de la industria eléctrica y el litio”.

Por su parte, Manuel Herrera, representante de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, indicó que la reforma constitucional no es necesaria, advirtió que, provocará afectaciones a las empresas que instalan paneles solares.Advirtió que de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo se generará un escenario de alta incertidumbre.

A su vez, Mario Castillo Quintero, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Oaxaca, se pronunció en contra de que las empresas privadas sigan adueñándose de la energía eléctrica, pero rechazó también que se empodere aún más a la CFE.

“Estamos de acuerdo en que se les quiten privilegios a intereses privados en el sector energético, pero la iniciativa en su redacción actual parte de un diagnóstico incorrecto según el cual los problemas se resolverán dando más poder a la CFE. Este planteamiento asume que la CFE es quien mejor conoce y defiende el interés común cuando muchos pueblos hemos vivido la violencia y criminalización de la CFE al defender nuestros territorios frente a sus proyectos”.

Más tarde, en el foro “La Electricidad como Derecho Humano”, el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas(SME), Martín Esparza, señaló que la única forma de acceder al derecho humano a la electricidad es frenar la privatización de la industria eléctrica.

“Cómo se puede acceder a este derecho humano a la electricidad, la única forma de poderlo hacer es frenar la privatización de la industria eléctrica . Sabemos que esas figuras de productor independiente o de autoabasto tendieron las bases para desmantelar a las dos importantes empresas públicas de nuestro país, Luz y Fuerza del Centro y la CFE. El Sindicato Mexicano de Electricistas estamos en favor de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, porque frena la privatización de la industria eléctrica”.

Martín Esparza señaló que, con datos de la Asociación Internacional del Derecho a la Energía, se reconoce que existen más de 20 millones de personas que carecen de acceso a la electricidad y que en nuestro país aún continúan los rezagos.

Mientras que Santiago Fabian Arroyo director fundador de Ursus Energy, aseguró que la electricidad no es un derecho humano y que de aprobarse esta reforma, tal como está se daría más poder a la CFE que el del presidente Lòpèz Obrador para manejar a su antojo el sector eléctrico.

“La electricidad no es un derecho humano, lo que sí es un derecho es el acceso a la energía y que esta sea limpia, segura y barata. Hay un incremento del 9 por ciento en los recibos de luz según datos de la ASF. Tanto la reforma del 2013 como la actual han olvidado de manera criminal a los usuarios y consumidores de energía. Esta iniciativa está enfocada en crear una súper CFE, con un director y un sindicato con tanto o más poder que el propio presidente del país”.