El humo de los atentados terroristas en Morelia

México

Morelia, Michoacán.- La Procuraduría General de la República (PGR) ocultó que había cinco y no tres -como lo dio a conocer-, los procesados como presuntos responsables en los atentados terroristas del 15 de septiembre del 2008 en Morelia que dejó ocho personas muertas y 113 lesionadas en pleno Grito de Independencia.

Uno de los dos testigos protegidos del caso fue ejecutada a tiros y los policías de la extinta AFI que detuvieron a los tres inculpados, trabajaban para el crimen organizado, hechos que tampoco dio a conocer la PGR.

A nueve años de lo ocurrido, no hay un solo detenido, pero sí una serie de irregularidades en el proceso y siembra de pruebas para responsabilizar a tres personas que el mismo crimen organizado secuestro en complicidad con las autoridades, para utilizarlos como “chivos expiatorios”.

Se pidió a la PGR una entrevista a través de su oficina de prensa y no respondió la solicitud hecha, para que explique las irregularidades de sus investigaciones como se evidencia en el expediente de la causa penal 254/2008.V.

LO OSCURO DE PGR

A 11 días del primer atentado terrorista registrado en la tierra del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, la PGR dio a conocer la captura de tres michoacanos implicados (26 de septiembre del 2008).

Se trata de Alfredo Rosas Elicea, Julio César Mondragón Mendoza y Juan Carlos Castro Galeana señalados por la autoridad federal como integrantes de Los Zetas y los responsables de lanzar las granadas de fragmentación en contra de la población en pleno centro de Morelia.

La PGR nunca informó que también había órdenes de aprehensión, dentro del mismo proceso, en contra de dos líderes criminales -objetivos prioritarios incluso del gobierno federal-, como consta en los documentos que obran en el expediente y en poder de este medio de comunicación.

Heriberto Lazcano Lazcano “El Lazca”, líder fundador de Los Zetas y Jorge Eduardo Sánchez Costilla, “El Coss” lugarteniente del Cartel del Golfo, fueron señalados e inculpados por dos testigos protegidos, como quienes ordenaron lanzar las granadas de fragmentación en contra de la población.

El Lazca fue abatido en el año 2012 y, un mes antes, El Coss era detenido; sin embargo, éste último se reservó su derecho a declarar en el caso de los atentados terroristas de Morelia, luego de que se le requiriera en el penal del Altiplano donde fue encarcelado por otros cargos; en 2015 lo extraditaron a Estados Unidos.

Según testigos protegidos, la intención de ambos capos era apoderarse del estado, para controlar el trasiego de drogas desde Michoacán hasta Río Bravo, Tamaulipas y después pasar la frontera hacia Estados Unidos.

Un sujeto de nombre clave “Karen” y Adriana Treviño Barrera de nombre clave “Gabriel”, fueron los testigos protegidos en los que la PGR basó parte de sus investigaciones, sobre todo “para identificar a los responsables” de los atentados.

Ambos, hasta el año 2009, habían sido las “piezas fundamentales” de la PGR como testigos protegidos en cerca de 50 procesos penales, entre ellos, los de los hechos ocurridos en Morelia durante el primer grito de independencia del entonces gobernador Leonel Godoy Rangel.

No obstante meses después de declarar por el caso de los granadazos, Adriana Treviño se le escapó a la PGR de una casa de seguridad y fue encontrada muerta en Río Bravo, Tamaulipas.

Lo anterior fue informado mediante el oficio 6204/2009 de fecha 18 de mayo del 2009, emitido por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la PGR, luego de que “Gabriel” fuera citada a un careo con los tres detenidos.

Otros de los elementos que también revela el expediente, es que formaban parte del crimen organizado José Martín Zarza Escamilla, Armando Javier Rojo Aguilar e Ignacio Moreno Aguilar, los tres policías de la Agencia Federal de Investigación que detuvieron a los tres michoacanos acusados.

La PGR se opuso a llevarlos a comparecer, hasta que el juez de la cusa requirió a Wilfrido Robledo Madrid entonces titular de la AFI y el Consejo de la Judicatura Federal informara que los tres elementos policiales se encontraban presos en el penal federal de Tepic, Nayarit.

A través del oficio CJF/DGEP/05861/2010 el Consejo de la Judicatura Federal informó que “después de realizar una minuciosa búsqueda en el registro de captura que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, encontró la causa penal 234/2009, radicada en el Juzgado Primero de Procesos Penales Federales, en El Rincón, Estado de Nayarit, donde se encuentran inculpados los agentes”.

ACOSTA CHAPARRO Y LA FAMILIA MICHOACANA

Como consta en el expediente del caso, fue Raúl Espinosa de los Monteros, abogado de Alfredo Rosas Elicea, quien evidenció la manera en la que Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, entonces consultor de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional en el mandato de Felipe Calderón, fabricó junto con el cartel La Familia Michoacana y la PGR la detención de los tres michoacanos.

Espinosa de los Monteros, demostró que sus representado y los otros dos implicados fueron privados de su libertad por delincuentes y obligados a firmar una confesión bajo tortura de la PGR; además de que probó con testigos y documentos, que los acusados no estuvieron en Morelia el días de los atentados terroristas.

“Es que hay una bola de mentiras en el procedimiento. La primera es que ellos hayan participado en el evento. A los implicados los pone el crimen organizado, conjuntamente con el Ejército Mexicano y participa el general Acosta Chaparro en el operativo”, resaltó.

Explicó que como consta en el desarrollo del proceso, hay testigos y documentos que señalan a Acosta Chaparro como el que dirigió la operación y se puso de acuerdo con La Familia Michoacana para armar todo este operativo y presentar responsables, debido a la presión social.

Además, se comprobó que las dos granadas de fragmentación que detonaron los criminales en Morelia pertenecen a un lote de 100 que fue robado por un cabo de infantería de un cuartel militar de Iguala, Guerrero.

Señaló que incluso, de acuerdo a los videos que obran en el expediente, la Policía de Michoacán detuvo ese mismo día de los granadazos a las tres personas que sí participaron en los atentados y las dejaron ir.

Expuso que por el contrario, sus defendidos -las personas utilizadas como “chivos expiatorios-, se dedicaban al trabajo y a sus hogares; aun así fueron detenidos el 21 de septiembre de 2008 como presuntos responsables materiales de los atentados terroristas en Morelia.

Detalló que no, era trabajador de la construcción (Alfredo Rosas), el otro mecánico (Juan Carlos) y el tercero ingeniero civil (Julio César); todos originarios del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Dijo que en el caso de su defendido Alfredo Rosas, por la gravedad de las lesiones con las que llegó a la Ciudad de México tuvo que ser traslado a una torre médica, resultado de la tortura a la que fue sometido por los agentes federales.

En ese sentido, Espinosa de los Monteros, explicó que Rosas Elicea no firmó la declaración por que estaba grave y en la PGR falsificaron la firma en la declaración preparatoria donde supuestamente confesaban su responsabilidad, lo cual probó mediante peritajes.

Otro de ellos, Julio César Mondragón Mendoza, fue señalado como quien lanzó la granada de fragmentación hacia la población desde arriba de un árbol de la plaza Melchor Ocampo, lo cual aseguró no pudo ser, ya que ésta persona padeció poliomielitis y era imposible si quiera subir si quiera a las jardineras.

Explicó que el conjunto de irregularidades en las investigaciones, “la siembra de pruebas de la PGR” y todos los elementos antes señalados del expediente, permitieron que a través de un amparo, lograra que los tres implicados pudieran enfrentar el resto de su proceso en libertad condicional.

Los cargos por los que todavía se les acusan son: delitos de Homicidio Agravado, Posesión de granadas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como Lesiones calificadas.

Asimismo Raúl Espinosa consiguió que el 27 de mayo del 2015, los detenidos fueran absueltos de 3 de los 6 delitos que se les imputaban (Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer terrorismo, Terrorismo y Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud).

Sin embargo, el 30 de enero de 2016, fueron dejados en libertad bajo caución, luego de que la defensa confirmara en una segunda instancia que habían sido torturados para declararse culpables y la “siembra de pruebas” en su contra a manos de la PGR.

No obstante, la PGR no solo los implicó y encarceló por siete años, sino que también, los evidenció públicamente en al menos dos ocasiones: una cuando fueron presentados como implicados en el caso y apenas en el 2016, cuando a pesar de que se les había otorgado un amparo, publicó espectaculares donde ofrecían recompensa de 1.5 millones de pesos para su recaptura.

Ahora, indicó Espinosa de los Monteros, adelantó que van a esperar a que el magistrado del Primer Tribunal Unitario con sede en el estado de Jalisco, resuelva si concederá a la PGR la reposición del proceso o confirmará su libertad bajo caución.

Por lo pronto este próximo 22 de septiembre, están citadas las partes para que se lleve a cabo la audiencia en la primera instancia, en torno a la solicitud que ha hecho la PGR, pese a que poco a poco le han echado abajo sus elementos de prueba e investigaciones.