Preocupa a INE que partidos puedan truquear fiscalización
Lorenzo Córdova recordó las cifras presentadas en la mesa del Consejo General, donde se evidenció que a un mes del inicio de las campañas, 82 %de los 3 mil 385 candidatos no han reportado un solo gasto de campaña

México
Durante el Foro sobre la fiscalización del dinero de partidos y campañas: Un diálogo interamericano, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, mostró su preocupación por el actuar de los partidos políticos que no han presentado sus informes de ingresos y egresos de campaña de ley, en búsqueda de “truquear” las facturas para no rebasar el tope de gasto de campaña.
Ante especialistas de América Latina que se reunieron con el fin de reflexionar e intercambiar conocimientos sobre los desafíos que plantean el control y la fiscalización del dinero de los partidos políticos y de las campañas electorales en el continente, Córdova Vianello, recordó que a un mes del inicio de las campañas, no han reportado un solo gasto de campaña 82 por ciento de los 3 mil 385 candidatos a elección popular.
“Lo que no tenemos son los reportes de los candidatos de los partidos, en un 82 por ciento de las campañas que están en curso y que hoy en su gran mayoría están a la mitad de su desarrollo. Si hacemos un balance, si tomamos en cuenta cuánto, la totalidad de candidatos, 3 mil 385 que hoy están compitiendo por algún cargo de elección popular, y lo comparamos con el número de operaciones que han sido registradas en el sistema, hoy a la mitad de las campañas electorales, el promedio de reportes de operaciones reportadas en nuestro sistema es de 1.14 por candidato”, dijo.
Insistió en que México tiene un sistema robusto y un conjunto de sujetos obligados como los partidos y candidatos que no están caminando en la misma dinámica.
Por su parte, el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Guerrero, es obligación de los poderes y de las autoridades electorales tener tolerancia cero al uso de recursos ilícitos en la política ya que está conectado con la legitimidad de la gobernabilidad del país.