Presentan denuncia contra Adán Augusto por presunto enriquecimiento ilícito
La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó una denuncia contra Adán Augusto ante la Contraloría del Senado por presuntas faltas administrativas y delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito.

Una investigación periodística revela que Adán Augusto López Hernández tiene ingresos no declarados por 79 millones de pesos
La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó este miércoles una denuncia contra Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, ante la Contraloría Interna del Senado, por presuntas faltas administrativas y delitos penales.
Los ilícitos que acusa la legisladora son cohecho, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y ocultamiento de conflicto de interés.
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¿Qué sustenta la denuncia presentada ante el Senado?
La panista argumentó que la denuncia se sustenta en investigaciones periodísticas y documentos oficiales que revelarían ingresos no declarados por 79 millones de pesos, presuntamente provenientes de empresas contratistas del gobierno de Tabasco durante la gestión de López Hernández como gobernador entre 2018 y 2022.
Entre las firmas señaladas figuran GH Servicios Empresariales S.A. de C.V., catalogada por el SAT como empresa con operaciones simuladas (EFOS), además de Operadora Turística Rabate y Capital Cargo del Golfo, beneficiadas con adjudicaciones directas durante su administración.
“La omisión de declarar dichos ingresos constituye una falta administrativa grave, y podría configurar delitos como defraudación fiscal equiparada, cohecho y enriquecimiento ilícito previstos en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal”.
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¿Qué autoridades fueron solicitadas para intervenir en el caso?
La legisladora solicitó que se abra una investigación integral sobre la evolución patrimonial de Adán Augusto, que incluya la revisión de sus declaraciones fiscales y patrimoniales de los ejercicios 2022 a 2025.
También pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República (FGR), así como del SAT, “para verificar la existencia real y comprobable de las operaciones declaradas”.
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