Diputados aprueban en comisiones nueva ley contra extorsión en México

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones de legisladores del PRI, la iniciativa para crear la ley contra extorsión, una norma general que busca combatir, prevenir, investigar y sancionar este delito en todo el país.

¿Qué busca la nueva ley contra la extorsión?

La propuesta contempla homologar las sanciones penales en todo el país, perseguir la extorsión de oficio —es decir, sin que las víctimas tengan que enfrentar a su extorsionador en un juicio—, por lo que bastará una denuncia anónima al número nacional 089. Con ello se pretende acabar con el silencio de las víctimas.

El dictamen aprobado en la Comisión de Justicia y que se discutirá este miércoles en el Pleno de San Lázaro, establece una pena básica de 6 a 15 años de cárcel y multa de hasta 56 mil 550 pesos a quien cometa el delito de extorsión. Además, no se permitirán beneficios como preliberación ni conmutación de la pena, dado que se trata de un delito grave y de alto impacto.

¿Qué leyes se reforman con esta iniciativa?

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, explicó las normas que reforma esta nueva ley.

“Reforma y adiciona cinco leyes: una de ellas, el Código Penal Federal, que actualiza penas y tipifica nuevas modalidades de extorsión. El Código Nacional de Procedimientos Penales agiliza la investigación mediante herramientas tecnológicas y financieras. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada incorpora la extorsión como delito grave de carácter organizado. La Ley Nacional de Extinción de Dominio, que permite la recuperación de bienes obtenidos mediante la extorsión”.

¿Qué sanciones contempla la ley contra la extorsión?

La pena se puede incrementar de 8 hasta 20 años de cárcel, cuando la extorsión esté relacionada con daños patrimoniales como el cobro de piso.

La ley contra extorsión plantea también una pena máxima de hasta 25 años de cárcel, cuando el delito sea contra migrantes, menores de 18 años, personas embarazadas o adultos mayores de 60 años.

Y cuando la extorsión implique el uso de violencia física, moral o psicológica, por ejemplo, cuando se simula un “hecho de tránsito”, es decir, en el caso de los llamados “monta choques”; cuando el extorsionador sea un servidor o exservidor público; cuando intervengan personas armadas o se utilice a menores de edad.

En el caso de centros penitenciarios, donde surgen la mayoría de extorsiones, los directores deberán asegurarse de que los sentenciados por este delito no tengan acceso a medios digitales ni electrónicos. También deberán evitar la entrada y salida de llamadas de celular, radiocomunicación y otras formas de transmisión de voz, datos o imágenes dentro de su perímetro.

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