La SCJN decide atraer el caso sobre prisión preventiva justificada y oficiosa
La SCJN resolvió atraer el tema de la prisión preventiva justificada, una decisión clave que podría afectar la aplicación de esta medida cautelar en México, enfocándose en la protección de derechos humanos y la presunción de inocencia.
Comtés y no salas formarán parte del nuevo sistema de jsuticia en la SCJN, tal como fue publicado en el DOF.
En su sesión de este miércoles, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de 7 votos, decidió ejercer su facultad de atracción en el tema de la prisión preventiva justificada. Este tema había quedado pendiente de resolución durante las últimas sesiones de la anterior integración de la Corte, la cual alegó restricciones de tiempo debido a la prioridad de resolver asuntos electorales.
La prisión preventiva justificada ha sido un tema de gran relevancia en el ámbito jurídico mexicano. La decisión de la SCJN podría establecer precedentes significativos y criterios que afectarían la manera en que se aplica esta medida cautelar. La tendencia general es la protección de los derechos humanos y la presunción de inocencia, lo que podría llevar a una mayor exigencia de pruebas por parte de la fiscalía para justificar la prisión preventiva.
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¿Qué es la prisión preventiva justificada y oficiosa?
En este contexto, es importante diferenciar entre la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva justificada requiere que el Ministerio Público solicite la medida y la justifique ante un juez de control, basándose en riesgos procesales como el peligro de fuga, la obstaculización de la investigación o el riesgo para la víctima. Por otro lado, la prisión preventiva oficiosa se impone de forma automática y obligatoria por el juez en ciertos delitos graves establecidos en la Constitución, sin necesidad de que el Ministerio Público lo solicite o justifique.
El proyecto de la ahora ministra en retiro Margarita Ríos Farjat proponía analizar cada caso de manera individual para evitar aplicar de manera automática la prisión preventiva oficiosa. Esto incluiría considerar los acuerdos internacionales que México ha suscrito y la propia Constitución para prevenir violaciones a los derechos humanos.
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Prisión preventiva en números
Recientemente, el INEGI, presidido por Graciela Márquez, dio a conocer los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios de 2025. Según el informe, de las 85 mil 547 personas adultas privadas de la libertad sin sentencia, el 38% se encontraba en prisión preventiva justificada (evaluada por un juez), el 47% en prisión preventiva oficiosa (automática al ser acusadas de ciertos delitos), el 2.2% en otro supuesto jurídico, y el 12.8% no tenía identificado el estatus jurídico.
Este contexto evidencia el impacto de las decisiones judiciales sobre la prisión preventiva en el sistema penitenciario mexicano, y resalta la necesidad de un enfoque más cuidadoso y equilibrado al aplicar esta medida cautelar.
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