Envía Sheinbaum iniciativas para reformar nueva Ley General de Aguas a la Cámara de Diputados
La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas para expedir una nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de garantizar el uso equitativo del agua y recuperar la rectoría del Estado sobre el recurso.
FOTO: PRENSA NUEVO LEÓN / CUARTOSCURO.COM
La Cámara de Diputados recibió este jueves dos iniciativas de ley en materia de agua de la presidenta Claudia Sheinbaum, se trata de una nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
Estas propuestas empezarán a discutirse la última semana de octubre.
¿Qué propone la nueva Ley General de Aguas?
La Ley General de Aguas propuesta por la presidenta Sheinbaum busca que el Estado recobre la rectoría en materia de uso y aprovechamiento, así como una distribución más equitativa del líquido.
Por ejemplo, se propone la creación de un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales para la reasignación de volúmenes de agua. Además, se incrementan las sanciones para quienes hagan mal uso del agua.
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La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que la iniciativa presidencial merece una amplia discusión pues se trata de un tema muy importante para el país.
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¿Cuál es el contexto hídrico del país?
De acuerdo con estudios de la UNAM, más del 60 por ciento de los cuerpos de agua que hay en el país contienen algún grado de contaminación; 157 acuíferos se encuentran sobreexplotados y al menos 106 municipios enfrentan una elevada vulnerabilidad a las sequías, por ello se requiere una legislación que atienda toda la problemática y recupere para el Estado la disponibilidad del vital líquido.
Se fortalece el procedimiento para detectar usos irregulares del agua y el incumplimiento de obligaciones, así como el régimen de sanciones para inhibir este tipo de conductas.De hecho, estas reformas en materia de disponibilidad de agua incluyen un catálogo de delitos hídricos que se perseguirán de oficio y que serán sancionados con hasta 10 años de prisión y el cobro de hasta 4 mil días de multa, para quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin autorización o bien se altere, desvíe u obstruyan los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales.
