Estados Unidos y la invasión a México: ¿puede Donald Trump declarar la guerra a los cárteles como a su enemigo terrorista en Medio Oriente?
Jurídicamente inviable, y políticamente explosiva, una invasión de EE.UU. en territorio mexicano es prácticamente imposible.
Invasión EEUU MÉXICO
El fantasma de una intervención militar estadounidense en México aparece cada cierto tiempo en la discusión política. Políticos en Washington, sobre todo del ala republicana, han llegado a proponer el uso de su ejército contra los cárteles mexicanos como si fueran organizaciones terroristas extranjeras. En paralelo, en México la alarma se enciende a poco que se insinúe la posibilidad de ver tropas estadounidenses cruzar la frontera. La comparación con Irak o Afganistán es inevitable, y sin embargo, el escenario jurídico, político y geopolítico es radicalmente opuesto.
Más allá de la retórica, la pregunta de fondo es si Estados Unidos podría invadir México bajo un marco legal semejante al que utilizó en Medio Oriente. Para responder, es necesario revisar cuatro capas de candados: el derecho internacional, el derecho interamericano, la legislación mexicana y las propias limitaciones constitucionales estadounidenses. Cada uno, por sí solo, representa un obstáculo serio; juntos, hacen de la idea de una invasión un escenario prácticamente inviable.
EL derecho internacional: primer obstáculo de Estados Unidos
En el plano global, el derecho internacional establece reglas claras. La Carta de las Naciones Unidas prohibe el uso de la fuerza entre Estados, salvo en dos casos muy específicos: el primero, cuando el Consejo de Seguridad autoriza una acción bajo el Capítulo VII, es decir, al aplicar medidas correctivas en una nacion; en segundo, cuando un país ejerce su derecho a la legítima defensa tras un ataque armado. Ninguna de esas condiciones se cumple hoy para México.
En ese contexto, resulta casi imposible conseguir un mandato del Consejo de Seguridad. México no es un “Estado fallido” ni un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad como sucedió en Libia, donde la resolución 1973 en el año 2011 abrió la puerta a la intervención internacional. Además, China y Rusia , miembros permanentes con derecho de veto, difícilmente aprobarían una operación militar de Estados Unidos en un país vecino y socio comercial clave.
El segundo supuesto, la legítima defensa, tampoco aplica de forma sencilla. Para que Washington pudiera invocarla tendría que demostrar que sufrió un ataco armado atribuible a México o a un grupo que México no puede o no quiere controlar. Incluso en ese caso, la medida tendría que ser inmediata, necesaria y proporcional. Los cárteles, aunque generan violencia trasnacional, no cumplen con esos requisitos.
El marco interamericano
En el hemisferio occidental existe otro candado, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA). En su artículo 19, establece la prohibición absoluta de intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado miembro, ya sea de manera directa o indirecta. La región entera adoptó este principio después de un siglo marcado por intervenciones militares, sobre todo de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe.
Además, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido como el pacto de defensa colectiva del continente, no concede carta blanca para invadir a un socio. Su lógica va por otro lado. Establece que si un país americano es atacado desde fuera de la región, los demás están obligados a ayudar. No regula intervenciones unilaterales, mucho menos cuando el supuesto “enemigo” es otro miembro de la OEA. En ese sentido, cualquier acción de Estados Unidos sin consenso regional sería vista como una violación frontal del sistema interamericano y aislaría políticamente a Washington en su propio vecindario.
A Group of U.S. Soldier look for an enemy that fired on their position. / Rockfinder
El blindaje mexicano
Dentro de México, el freno es aún más rígido. La Constitución, en su artículo 76, establece que es facultad exclusiva del Senado de la República autorizar el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional o permitir que fuerzas militares de otro país se establezcan en él.
En otras palabras, ningún presidente puede abrir la puerta a soldados estadounidenses sin aprobación del Senado.
El Ejecutivo, por su parte, dirige la política exterior a través del artículo 8, pero siempre dentro de ese marco. En la práctica, esto significa que incluso en un escenario de cooperación ampliada contra los cárteles, como sucedió con la Iniciativa Mérida o como ocurre hoy con el Marco Bicentenario, la presencia de personal militar extranjero debe ser aprobada, delimitada y justificada. Hablar de un “invasión” sin consentimiento es, desde el punto de vista constitucional, inviable.
Tampoco el mismo Estados Unidos
Tampoco es asunto sencillo para Washington. Aunque el presidente de Estados Unidos ostenta también el título de Comandante en Jefe, no puede declarar la guerra por sí solo. Ese poder corresponde al Congreso, de acuerdo con su Constitución. Para reforzar el control, desde 1973 está vigente la War Powers Rosolution, que obliga al presidente a notificar al congreso dentro de 48 horas cualquier operación militar en el extranjero y a retirarse en un plazo de 80 a 90 días si no hay autorización legislativa.
En los últimos años han circulado propuestas en el Congreso para clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. De lograrse, abriría la puerta a usar el ejército contra ellos en operaciones transnacionales. Sin embargo, esas iniciativas enfrentan una fuerte resistencia, no sólo de México, sino también de legisladores demócratas y de sectores republicanos que entienden las consecuencias políticas y económicas de semejante decisión. Sin ley específica, cualquier intento de desplegar tropas en México sería vulnerable jurídicamente dentro del propio sistema estadounidense.
Medio Oriente no es México
La comparación con Medio Oriente se antoja tentadora, pero es engañosa. En Irak, en 2003, la invasión se basó en una mezcla de resoluciones previas del Consejo de Seguridad y el argumento de la autodefensa preventiva por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva. Se trató de un movimiento cuestionado en todo el mundo y que hasta hoy se considera jurídicamente débil. En Libia, en 2011, la intervención sí contó con autorización expresa del Consejo de Seguridad, bajo el argumento de proteger a la población civil. En Siria, desde 2014, Estados Unidos intervino contra el Estado Islámico invocando a la defensa colectiva de Irak, aunque esta vez sin autorización del Consejo.
Ninguno de esos supuestos se replica en México. No hay mandato internacional, no hay ataque armado directo a Estados Unidos, y México no es un régimen hostil o colapsado. Lo que existe es un problema compartido de crimen organizado transnacional, cuya solución se busca en el terreno de la cooperación y no de la guerra abierta.
Iraq, Baghdad - 4 July 2016 Military army vehicle tank on tracks with barrel / OLEKSANDR KORZH
Los escenarios posibles
Se plantean escenarios. De ellos, el único realista es el de operaciones conjuntas con consentimiento de México. Ahí entran acciones de inteligencia, capacitación, transferencia tecnológica y coordinación táctica limitada, como ya ocurre en diversos programas de cooperación bilateral. Todo lo demás entra en el terreno de la especulación.
Un mandato del Consejo de Seguridad, en el caso de México-EE.UU. es imposible. Un ejercicio de legítima defensa contra los cárteles es jurídicamente endeble y políticamente explosivo. Y una invasión unilateral, como la de Irak en 2003, no sólo sería ilegal sino que tendría costos inmediatos como la condena internacional, la ruptura con la OEA, afectaciones graves al T-MEC y la apertura de un conflicto irregular sin líneas de frente, que recordaría, en todo caso, más a Vietnam que a Medio Oriente.
Los costos de un error
Las consecuencias de un movimiento militar unilateral serían desastrosas para Washington. Primero, porque violaría de manera flagrante la Carta de la ONU y la Carta de la OEA, lo que aislaría a Estados Unidos diplomáticamente. Segundo, porque pondría en riesgo la relación económica más importante que tiene: el comercio con México y Canadá bajo el T-MEC. Y tercero, porque ningún general podría prometer una victoria clara.
A diferencia de Irak o Afganistán, en México no hay un frente de batalla definido, sino un entramado social, urbano y rural donde cualquier acción militar terminaría convirtiéndose en una guerra irregular de alto costo humano y político.
US army uniform badge flags / Dragunov1981
