Desaparición administrativa agrava crisis de búsqueda en CDMX
El informe de la CDHCM reveló que la desaparición administrativa, derivada de omisiones y negligencias de las autoridades, impide búsquedas efectivas y deja la carga a familiares y colectivos.
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas exigen justicia
En la Ciudad de México, las personas desaparecidas enfrentan una doble victimización: la desaparición forzada y la desaparición administrativa, cuando las autoridades fallan en su deber de búsqueda con negligencia, omisiones o falta de coordinación.
De acuerdo con el Informe Temático sobre la búsqueda de personas desaparecidas en la capital del país elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), que analizó 35 casos con queja formal, se concluyó que en el 82% de los casos en que se logró la localización, ésta fue resultado directo de la acción de familiares o colectivos, sin una intervención sustantiva de las autoridades.
En contraste, sólo dos casos derivaron de una actuación institucional, lo que evidencia un patrón de ineficacia.
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Autoridades pasivas y fallas graves
El informe advierte que “las autoridades adoptaron una actitud pasiva y fragmentada, obstaculizando la generación de hipótesis de búsqueda y la coordinación interinstitucional”, lo que trasladó indebidamente la carga de la búsqueda a las familias.
La CDHCM documentó que en el 90.9% de los expedientes las personas fueron halladas sin vida, y únicamente en un caso se localizó con vida. La presidenta del organismo, Nashieli Ramírez Hernández, alertó que en el 45.5% de los casos analizados hubo contacto previo de alguna autoridad con la persona desaparecida cuando aún estaba viva, a través de instancias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Salud o Bienestar, en hospitales o albergues.
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Deficiencias en el levantamiento de datos
El estudio también mostró omisiones en la aplicación del cuestionario AM/PM, que es el instrumento que debe recopilar información detallada de la persona desaparecida, como antecedentes, historia médica, huellas dactilares y descripción física.
En 58.8% de los casos se levantó el cuestionario, pero solo en 15% se aplicó de manera oportuna y completa. En el 85% restante, se hizo con retrasos de entre 13 días y hasta 29 meses, lo que afectó gravemente la calidad de la información y comprometió la búsqueda.
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La CDHCM concluyó que la desaparición administrativa se ha convertido en un obstáculo estructural que profundiza la crisis de derechos humanos en la capital del país.
apm.
