La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal una acusación por posible enriquecimiento ilícito en contra de Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y considerado como el artífice del millonario esquema de desvíos conocido como “La Estafa Maestra”.

Es la primera vez en cinco años que la fiscalía procede penalmente en contra de dicho exfuncionario que, según múltiples auditorías y denuncias de excolaboradores, es el principal beneficiario de los millonarios recursos desviados con el referido mecanismo de desfalco.

Autoridades del Gabinete de Seguridad Federal confirmaron a este medio que el expediente con los cargos ya fue enviado a un juez federal del Reclusorio Preventivo Sur, y los fiscales solo se encuentran a la espera de que el juez de control correspondiente fije fecha para la audiencia inicial de imputación.

Aunque los detalles de los montos no se han revelado, las autoridades federales consultadas indicaron que se trata de la judicialización de la primera de varias carpetas de investigación iniciadas en contra de Zebadúa por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

La denuncia que dio pie a esta carpeta fue presentada ante la Secretaría de la Función Pública y las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC).

De acuerdo con la información a la que se tuvo acceso durante el transcurso de la indagatoria, Zebadúa tuvo la oportunidad de presentarse ante el Ministerio Público de la Federación para intentar aclarar las irregularidades detectadas a su patrimonio. Y aunque el exfuncionario acudió y tomó conocimiento de los hechos, a juicio de las autoridades ministeriales no se justificaron las anomalías identificadas.

En ese contexto la FEMCC envió el expediente de la carpeta al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur para que cite al exfuncionario a una audiencia inicial de imputación.

De forma paralela los fiscales tienen otras indagatorias en curso que también podrían ser judicializadas. A su vez, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (antes SFP) también tiene en marcha procedimientos por el mismo motivo. Hace unas semanas envió un primer citatorio a Zebadúa para comparecer por irregularidades identificadas en su declaración del ejercicio fiscal 2018.

Mentiras patrimoniales

Emilio Zebadúa ha mentido en la presentación de sus declaraciones patrimoniales, de acuerdo con una investigación periodística denominada “La estafa de la Estafa”, publicada por la organización especializada en combate a la corrupción TOJIL.

En octubre de 2019, cuando las indagatorias del caos Estafa Maestra apuntaban a su dirección, Zebadúa envió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una serie de “aclaraciones” respecto a las declaraciones patrimoniales que había presentado años antes.

En síntesis, el exfuncionario “aclaró” que desde 2013 los gastos de sus hijos y de sus parejas no tenían relación con él ni eran sus dependientes económicos como señaló originalmente. Ello en un intento de desvincularse legalmente de los millonarios gastos de estos.

Sin embargo, estos dichos no son ciertos según lo revelado por la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo sobre sobre Zebadúa y que se transformó en una denuncia por múltiples irregularidades en su entorno financiero.

En los anexos de esa denuncia se establece que, en 2015, el año en que Zebadúa migró de Sedesol a Sedatu, sus dos hijos Nicolás y Julia Zebadúa Orozco, y su cónyuge Stephany Vanessa de Mendieta Zapata, realizaron consumos con tarjetas de crédito y servicios por más de 14 millones de pesos. El titular de dichas tarjetas es el exfuncionario y sus familiares son sus beneficiarios. Entre los pagos realizados hay operaciones en tiendas de ropa por más de 800 mil pesos.

También en ese mismo periodo hay pagos en efectivo hechos por más de dos millones de pesos realizados por el hijo del exoficial mayor. Todos gastos, según la UIF, habrían sido cubiertos por el exfuncionario.

Mente maestra de la estafa

Desde 2029 múltiples denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), investigaciones periodísticas y declaraciones de exfuncionarios federales ante al FGR coinciden en identificar a Emilio Zebadúa González como el principal operador del mecanismo de desvíos conocido como La Estafa Maestra.

En suma, se le identifica como el funcionario que, a través de una presunta red de cómplices, entre funcionarios y particulares, fabricó múltiples convenios con universidades y entes públicos – con firmas falsificadas en algunos casos – para justificar la asignación de más de cinco mil millones de pesos.

Sin embargo, ni él ni la mayoría de los funcionarios que operaron bajo su dirección han sido procesados. La FGR decidió proceder, en cambio, contra exfuncionarios que denunciaron los hechos, y en contra de Rosario Robles, quien fuera la superior jerárquica de Zebadúa, aunque a ella no se le encontraron irregularidades patrimoniales.

El reportaje “la estafa de la Estafa” documentó que detrás de la inacción de la fiscalía en contra de Zebadúa y otros implicados hay una red de tráfico de influencias y pago de sobornos a funcionarios federales, entre jueces, fiscales y auditores. Un audio incluso documentó las exigencias económicas de una fiscal para sabotear uno de los procesos.

Por estos hechos la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR inició una carpeta de investigación en contra de sus fiscales, pero hasta ahora, no se ha dado a conocer ningún resultado al respecto.