Llegan a 250 mil los presos en “cárceles inseguras” en México; récord en diez años
La actual Corte se va sin resolver la cancelación de la prisión oficiosa, que ha disparado los encarcelamientos.
Foto: Getty Images / Richard Ross
En julio la cifra de personas presas en México superó la barrera de las 250 mil. Se trata de la mayor cantidad de personas privadas de su libertad en la última década, todos ellos en centros de reclusión que, según lo informado por el gabinete de seguridad la semana pasada, no brindan garantías necesarias para evitar que desde su interior de siga delinquiendo.
De las personas privadas de su libertad casi cien mil no han sido enjuiciadas ni sentenciadas, sino que se encuentran en prisión preventiva. Pese a que la Corte Interamericana ya sentenció a México por el abuso de la figura de prisiones preventivas automáticas, el actual pleno de la Corte se va sin haber eliminado o restringido esta figura.
Datos oficiales actualizados del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) muestran que en julio la población penitenciaria alcanzó las 250 mil 455 personas. Es la cifra más alta de personas recluidas superando el máximo que se había alcanzado en 2015 que era de 247 mil 488.
Como Así las Cosas PM había adelantado en mayo, el encarcelamiento de personas en 2025 avanza a paso récord. Actualmente hay 15 mil personas presas más que las que había en diciembre de 2024.
Aunque la tendencia se ha acelerado en el último semestre, el crecimiento de la población penitenciaria comenzó en 2019, tras las reformas impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que incrementaron de forma notable el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Antes de ello se había logrado reducir el número de personas presas incluso debajo de las 200 mil en 2018. Con ello también se había conseguido mantener por varios años el número de reos por debajo de los espacios disponibles en las cárceles. Hoy esto se ha revertido.
Las cifras del OADPRS arrojan que en julio de esta año el total de personas presas rebasa en más de un diez por ciento los espacios disponibles. En cifras absolutas, son 26 mil 955 personas presas por encima del límite de 223 mil 500 espacios en los centros penitenciarios de todo el país.
Corte omisa; casi cien mil sin sentencia
Las cifras oficiales indican que hasta julio pasado había 99 mil 924 personas privadas de su libertad en calidad de “procesadas”. Es decir, son personas en prisión preventiva, que aún no han sido declarados culpables en un juicio de haber cometido un delito.
El número de personas privadas de su libertad sin condena equivale a casi el 40 por ciento del total de la población penitenciaria. Como ya se dijo, es una proporción que ha crecido desde las reformas constitucionales de 2019 que incrementaron los delitos en los que se aplica la prisión preventiva oficiosa a una persona en el momento en que se le vincula a proceso por algún delito.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció desde 2023 a México por el abuso en el uso de este tipo de encarcelamientos automáticos y ordenó que cesar su aplicación. Eso se sumó a otros recursos, como el promovido por la CNDH que alegaba que el incremento de delitos que ameritan prisión oficiosa era inconstitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contaba desde finales de ese año con al menos dos proyectos en los que se anulaba o reinterpretaba el carácter oficioso de las prisiones preventivas. Sin embargo, por falta de consensos o de voluntad estos no se discutieron y han quedado congelados.
Cárceles inseguras
Al problema de hacinamiento que está generando el incremento de personas privadas de su libertad, se suma la posibilidad de delinquir desde el interior de los centros penitenciarios que ya fue reconocida por el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
En la conferencia en la que se anunció una nueva expulsión de presuntos narcotraficantes de México a los Estados Unidos, Harfuch dijo que estos individuos, aun estando en cárceles de máxima seguridad, continuaban realizando operaciones delictivas.
“Es importante señalar que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”, dijo el secretario.
Hasta la fecha no se ha anunciado alguna estrategia en específico para reforzar la seguridad de los centros penitenciarios, más allá de la expulsión de las referidas personas.
