Sandra Decasper: la mexicana atrapada en Argentina por violencia vicaria y omisión diplomática
Una mujer yucateca enfrenta restricciones judiciales y falta de respaldo consular en su intento por regresar a México con sus hijos. Su caso ya fue admitido por la CIDH.
Sandra Decasper
Sandra Mónica Decasper Chacón, mexicana originaria de Mérida, se encuentra en Argentina desde 2024. De acuerdo con su testimonio, su entonces esposo, el diplomático argentino Norberto Ariel Martins Mogo, la llevó a su país bajo presión, valiéndose de su posición e inmunidad como ex cónsul en Guatemala.
La escalada de violencia comenzó el día que llegó a Argentina. Sandra denuncia violencia física, económica, psicológica y vicaria, todo en un entorno de aislamiento institucional. Aún con las denuncias antepuestas, sigue atrapada en aquel país junto a sus hijos.
“Estoy condenada aquí”, ha dicho recientemente en una declaración pública para MVS.
Los hijos como herramienta de control
La violencia vicaria tiene lugar cuando el agresor utiliza a los hijos como instrumento de daño emocional, como eje iniciático del conflicto que deparará en todo lo demás. Sandra ha documentado amenazas, episodios de manipulación y “situaciones extremas”. En diciembre de 2024, su hijo Mateo fue hospitalizado luego de presentar una crisis nerviosa. Su hija Julieta, la menor, también ha sido atacada con intimidaciones directas.
Fue en octubre de este año cuando las autoridades argentinas emitieron una orden de restricción perimetral, misma que solo protege a Sandra, no así a los menores. Las restricciones legales impiden que ella los saque del país sin la autorización del padre, lo que la mantiene en un limbo legal.
“No tengo protección completa. Me protegen a mí, pero no a mis hijos”, ha declarado.
Hostigamiento legal, el desgaste institucional
Sandra afirma que ha sido objeto de un acoso judicial constante por parte de su exesposo. Diversos abogados que la han representado han renunciado tras recibir presiones o enfrentar maniobras legales del agresor. La estrategia, dice, es clara, desgastarla, aislarla y paralizarla.
El Centro Integral de la Mujer (CIM) en Argentina ya ha evaluado su caso. Determinó un nivel de riesgo alto, recomendando medidas urgentes. Sin embargo, el respaldo institucional no ha sido suficiente, menos efectivo.
El Consulado de México en Argentina ya fue notificado, pero no ha logrado garantizar ni protección para los menores ni una salida legal del país. Sandra ya interpuso denuncias también en México, sin avances sustantivos.
El silencio diplomático y la petición directa a México
En semanas recientes, Sandra Decasper ha hecho llamados públicos a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades consulares mexicanas. Pide una intervención diplomática real que le permita volver a México con sus hijos bajo garantías legales.
Sus declaraciones, replicadas por medios como MVS y Ahora Oaxaca, revelan un patrón preocupante, la inacción consular y la falta de protocolos en casos transnacionales de violencia vicaria.
“No me ayudan porque dicen que no pueden intervenir en custodia. Pero mis hijos están siendo usados para lastimarme. ¿Cuántos años tengo que esperar?”, declaró. (Ahora Oaxaca, 23/07/25)
Un precedente en derechos humanos: la CIDH admite su caso
A principios de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Sandra Decasper. Es la primera vez que este organismo reconoce formalmente una denuncia de violencia vicaria.
Puede que el precedente impulse nuevas rutas jurídicas en América Latina para mujeres en situaciones similares, especialmente en conflictos internacionales de custodia marcados por violencia de género.
Ahí no se detiene. El caso plantea un problema más amplio, ¿qué sucede cuando la violencia se da fuera del país de origen y los mecanismos consulares no responden?
¿Qué pasará ahora?
Mientras Sandra continúa cautiva en Argentina, carente de una red efectiva de protección, y aún con recursos limitados, y buscando abogados que le representen en una estructura legal con todo en contra, sus hijos siguen sin seguridad jurídica, en un entorno que ella misma ha definido como “alerta permanente”.
Hasta ahora el gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial. Ni la cancillería ni el consulado.
Sandra Decasper
