Expediente olvidado: FGR acusó ante un juez a EPN de asociación delictuosa, pero no siguió el caso
Este caso se desprende de la carpeta de investigación que la FGR inició en su momento a partir de la declaración ministerial de Emilio Lozoya Austin
En 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) señaló ante un juez al expresidente Enrique Peña Nieto de haber liderado una estructura delictiva a través de la cual se exigieron, cobraron y transfirieron una serie de presuntos sobornos a legisladores a cambio de la aprobación de reformas estructurales.
Sin embargo, pese a que en ese momento se obtuvo una vinculación a proceso en contra de uno de los supuestos integrantes de la estructura delictiva, los fiscales no solicitaron la audiencia de vinculación en contra del exmandatario ni han procedido en su contra hasta la fecha.
Este caso se desprende de la carpeta de investigación que la FGR inició en su momento a partir de la declaración ministerial de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, quien reconoció que existieron entregas de dinero de diversas empresas como Agronitrogenados y Odebrecht, y que el recibió esos recursos. Sin embargo, aseguró que esto lo hizo siguiendo órdenes superiores que venían directamente del entonces presidente.
Emilio Lozoya junto con Enrique Peña Nieto
En abril de 2021 los fiscales federales Kristian Jiménez Hernández, María Luisa Zúñiga, Jaime Arellano y Manuel Granados presentaron ante el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia los resultados preliminares de su investigación a partir de dicha denuncia, y concluyeron que dicha asociación delictuosa había existido.
De acuerdo con su descripción, la asociación delictuosa estaba encabezada por el expresidente Peña Nieto y el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quienes instruyeron el traslado de los recursos hacia legisladores clave, entre los que estaban los exsenadores integrantes de la 62 Legislatura: Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servín y Salvador Vega Casillas.
A partir de ese contexto y de diversos datos de prueba, entre ellas declaraciones de exfuncionarios y un video donde se apreciaba una entrega de dinero, los fiscales solicitaron la vinculación a proceso de Lavalle Maury por el delito de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
Tras escuchar a los fiscales y a los abogados defensores del entonces legislador, el juez consideró que sí eran válidos los argumentos y datos de prueba iniciales para presumir que había existido la referida organización delictiva, por lo que ordenó la vinculación a proceso de Lavalle quien incluso, en ese momento, fue sometido a prisión preventiva.
Y luego… nulo avance
Pese a esa primera victoria en una audiencia inicial y que el juez federal validó la hipótesis planteada por los fiscales, en las siguientes semanas y meses la FGR no solicitó las audiencias correspondientes para imputar ni al presidente Peña Nieto ni al resto de los involucrados.
Uno de los fiscales que participó en esta audiencia refirió meses consultado por este periodista aseguró que las imputaciones sí se harían y que solo se estaba siguiendo una “estrategia procesal” adecuada para ello. Sin embargo, cuatro años después esto sigue sin ocurrir.
Cabe señalar que hasta la fecha la FGR no ha cerrado la carpeta de investigación ni se ha desistido de su teoría del caso, según lo informado por autoridades federales a este medio. Si bien el proceso ha sido cuestionado y Lozoya no recibió el criterio de oportunidad que buscaba, hasta la fecha los fiscales sostienen la hipótesis de que estos
De hecho, aunque Lavalle terminó recuperando su libertad tras un cambio de media cautelar, y a que el exlegislador panista ahora es funcionario en la administración de la gobernadora Layda Sansores en Campeche, la causa penal en su contra sigue viva, aunque atorada en la fase intermedia debido a constantes postergaciones por el retraso en la entrega de pruebas.
La inacción en contra de Peña Nieto y de Videgaray, según fuentes con conocimiento de estas indagatorias, es llamativa debido a que la vinculación a proceso de Lavalle representó la validación de parte del poder judicial federal de que la asociación delictuosa podría haber existido con los integrantes que se describieron.
“No existen asociaciones delictuosas de una persona. Si el juez vinculó es porque ve datos que permiten presumir que las personas señaladas conformaron se esquema. No es normal que si ya se había dado el primer paso no se prosiguiera con el resto”, dijo una de las fuentes consultadas.
