Queda “híper militarizada” la Guardia Nacional
Senado le da facultades para investigar delitos del fuero común e intervenir comunicaciones
FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM
México.- Este lunes quedó aprobada en lo general y en lo particular la nueva ley de la Guarida Nacional que queda bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Con esta reforma se consolida el carácter militar de la Guardia Nacional y redefine su estructura, funciones y régimen jurídico.
La Guardia Nacional será la encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito federal y tendrá total acceso al Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información.
Durante el debate el senador del PAN, Enrique Vargas, les recordó con varios videos a los morenistas su época de opositores y sus palabras con las que condenaban el uso del Ejército en labores de seguridad.
Los videos de Vargas enojaron a la bancada guinda y a sus aliados que levantaban pancartas en las que se leía: “La Guardia Nacional es Pueblo”.
La discusión sobre el futuro de la Guardia Nacional polarizó al Senado, los opositores desplegaron carteles con la leyenda “no a la militarización”.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, reiteró el rechazo de su bancada a cualquier iniciativa que implique fortalecer el control militar sobre tareas de seguridad pública.
Desde el Partido del Trabajo, la senadora Lizeth Sánchez defendió la reforma impulsada por el oficialismo y negó que implique una militarización:
En contraste, Karla Toledo, senadora del PRI, sostuvo que la estrategia de militarización ha fallado y su compañera Geraldina García pidió un minuto de silencio por todos los asesinados en el sexenio del ex presidente AMLO y los que van de este sexenio.
Claudia Anaya del PRI aseveró que la Guardia Nacional viola los derechos humanos al quedar con un mando militar.
Pero la morenista Lucía Trasviña respondió que si querían una Guardia con mando civil que se fueran a los gimnasios a reclutar a esos “mamados“ que hacen pesas, lo que término me chunga.
Luego los senadores del PAN, Mario Humberto Vázquez, y la senadora del PRI, buscaron un minuto de silencio por las muertes durante la pandemia lo que les fue negado por Gerardo Fernández Noroña.
Y lo que sí otorgó Noroña fue un minuto de silencio por los muertos en la guerra de Calderón contra el crimen.
La reforma prevé que los elementos de la Guardia Nacional estén sujetos a la jurisdicción penal militar cuando incurran en faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones militares, mientras que serán procesados en tribunales federales cuando las conductas delictivas correspondan a su función como policías.
Se establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la propia Guardia Nacional, dentro de sus competencias, siempre bajo la conducción y mando del primero.
Asimismo, esta institución formará parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Entre las atribuciones conferidas a la Guardia Nacional destacan:
• Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas.
• Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas.
• Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social.
• Realizar labores de investigación e inteligencia para la prevención del delito.
• Ejecutar investigaciones bajo el mando del Ministerio Público.
• Colaborar temporalmente en tareas de seguridad pública estatal o municipal, mediante convenios.
• Obtener y procesar información conforme a lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La ley regula expresamente la participación de la Guardia Nacional en la intervención de comunicaciones privadas en investigaciones criminales, condicionándolas a una autorización judicial previa, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Esta disposición busca asegurar que toda actuación de esta naturaleza se someta a control jurisdiccional estricto y respete los derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso.
En caso de que las pruebas obtenidas vulneren derechos o se recojan sin las formalidades legales, estas serán consideradas inválidas, garantizando la integridad del proceso judicial.
