Trump abre la puerta pare desplegar tropas vs migrantes sin aval de gobernadores
Su orden ejecutiva deja a criterio del secretario de Defensa el uso de los efectivos de la Guardia Nacional vs manifestaciones anti ICE en cualquier estado.

Trump abre la puerta pare desplegar tropas vs migrantes sin aval de gobernadores / Anadolu
Los disturbios que se registraron a lo largo de este fin de semana en Los Ángeles, California por las redadas desplegadas por autoridades federales migratorias, no solo dejó como saldo decenas de personas detenidas y daños materiales, sino también un antecedente que expertos consideran peligroso: el despliegue de tropas contra migrantes por orden directa del presidente.
Para ordenar la movilización de dos mil efectivos de la Guardia Nacional en el área urbana de Los Ángeles, el presidente Donald Trump echó mano de una cláusula legal que no se había utilizado en más de 60 años, y que permite al jefe del ejecutivo sobrepasar la autoridad del gobernador para echar mano del Ejército en su territorio.
Es un hecho tremendamente inusual ya que, en condiciones normales, la Guardia Nacional opera bajo directriz del gobernador de una entidad.
Trump invocó la cláusula 12406 del titulo 10 del Código de los Estados Unidos que autoriza al presidente a “federalizar” y movilizar a la guarnición estatal de la Guardia Nacional sin consulta previa o petición expresa del gobernador bajo el supuesto de que es necesario para controlar una invasión o brote de insurrección.
Además, la orden ejecutiva del presidente también autoriza al Pentágono a enviar otro personal militar de reserva de considerarse necesario. Con esa facultad el secretario de Defensa, Pete Hegseth anunció que efectivos de la Marina estadunidense estaban listos para intervenir en Los Ángeles de ser necesario.
La última vez que un presidente estadounidense tomó una decisión de este alcance sobrepasando al gobernador fue en 1965 cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas a Alabama para proteger a los manifestantes por los derechos civiles. En años recientes no ha sido extraño que la Guardia Nacional se despliegue ante un disturbio, pero siempre ocurre con la colaboración o a petición de autoridades locales.
Además, la orden ejecutiva del presidente Trump autoriza el alistamiento de los 2 mil efectivos no se restringe solo en California, sino que de manera general se señala que estas quedarán en reserva, y a “uso discrecional” del secretario de Defensa, para su movilización en cualquier sitio donde se considere que hay riesgo de obstrucción a los operativos migratorios a cargo de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE).
Críticas y demandas en puerta
El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que presentará una demanda en contra de la administración federal de Trump por su decisión unilateral de haber desplegado a las tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, hecho que consideró innecesario y una provocación para generar un ambiente de desestabilización.
“Donald Trump está echando leña al fuego. Reclutar la Guardia Nacional de un estado sin consultar al gobernador es ilegal e inmoral. California lo demandará” afirmó el gobernador en su cuenta de X.
Elizabeth Goitein, directora sénior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia, dijo en entrevista con el Washington Post que lo hecho por Trump era una determinación sin precedentes e injustificada a la luz de las protestas que se llevaron a cabo. “Se supone que el uso de las fuerzas armadas para sofocar el malestar social es el último recurso”, agregó.
Por su parte Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo al mismo diario estadounidense que la decisión tomada pro Trump era m{as un ejercicio de provocación y abuso de poder que un legítimo uso de la fuerza pública.}
“Con esta medida, la administración Trump pone en peligro a los angelinos, generando un riesgo legal y ético para las tropas y socavando imprudentemente nuestro principio democrático fundamental de que las fuerzas armadas no deben vigilar a los civiles”, indicó Shamsi.
¿Qué es la Guardia Nacional?
La Guardia Nacional de Estados Unidos es una fuerza militar de reserva compuesta por ciudadanos-soldados que sirve tanto a los gobiernos estatales como al federal. Fue creada oficialmente en 1903, aunque sus raíces se remontan a las milicias coloniales del siglo XVII. Su misión principal es responder a emergencias domésticas como desastres naturales, disturbios civiles y crisis de seguridad interna, además de poder ser movilizada para operaciones militares en el extranjero.
Cada estado, así como Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes y el Distrito de Columbia, tiene su propia Guardia Nacional, bajo el mando directo del gobernador, quien actúa como comandante en jefe en tiempos normales. Sin embargo, el Presidente de EE. UU. puede “federalizar” la Guardia Nacional, colocándola bajo control del Departamento de Defensa (Título 10 del Código de EE. UU.), como ocurrió en conflictos armados como Irak o Afganistán, o en situaciones internas excepcionales.
La Guardia Nacional está conformada por dos ramas: la Guardia Nacional del Ejército (Army National Guard) y la Guardia Nacional Aérea (Air National Guard). Ambas están organizadas, entrenadas y equipadas como parte de sus respectivas fuerzas armadas (Ejército y Fuerza Aérea), aunque operan bajo una estructura de doble mando (estatal y federal). Sus miembros entrenan generalmente un fin de semana al mes y dos semanas al año, pero pueden ser activados por periodos prolongados.
El uso de la Guardia Nacional puede ser ordenado por los estados para emergencias como huracanes, incendios, epidemias o protestas. A nivel federal, puede ser activada para misiones internacionales, control fronterizo o intervenciones internas. Sin embargo, su uso federal dentro del país está sujeto a restricciones legales como la Posse Comitatus Act, que impide que las fuerzas armadas participen en tareas policiales domésticas—restricción que no siempre se aplica claramente a la Guardia Nacional federalizada, lo cual ha sido fuente de debate y controversia en casos como el despliegue reciente en California.