Llegan a los jueces menos del 1% de los delitos; MP atora 9 de cada 10 denuncias

La reforma de carácter extraordinario que se realizará el próximo domingo para elegir a miles de jueces y magistrados ha sido ofrecida desde el oficialismo y las plataformas que lo apoyan como una medida que, supuestamente, ayudará a abatir la impunidad y el funcionamiento deficiente del sistema de justicia penal en México.

Sin embargo, datos oficiales demuestran que menos del 1 por ciento de los delitos que cada año se cometen llegan realmente a la sala de audiencias de un juez del país. En cambio, la mayoría de ellos no se denuncia. Y de los que sí se denuncian, 9 de cada 10 se atoran en el Ministerio Público.

Los resultados de las últimos censos nacionales de procuración e impartición de justica 2024 de INEGI, y la Encuesta de Victimización 2024 el mismo instituto, muestran que en el 2023 se cometieron en México por lo menos 32 millones de delitos de todos los niveles.

La gran mayoría de esos delitos no fueron denunciados por las victimas ante la policía o un Ministerio Público. La estadística es contundente: en el mismo periodo las fiscalías reportaron 2 millones 225 mil 221 carpetas de investigación iniciadas, que equivalen apenas al siete por ciento de todos los ilícitos cometidos. Dicho de otra forma: el 93 por ciento de los delitos quedan, de forma automática, impunes.

¿Y qué pasa con las carpetas que sí se abrieron? La mayoría no llegan a un juez ni se convierten en un proceso. Los juzgados reportaron en 2023 un total de 266 mil 977 procesos iniciados, que equivalen a solo un 11.9 por ciento de todas las indagatorias abiertas en las fiscalías.

Si se compara directamente esta cifra de casos que llegaron efectivamente ante un juez con el universo completo de delitos cometidos, los primeros apenas representan un 0.8 por ciento del universo total.

Predominan las condenas

Otra aseveración que se repite con frecuencia para criticar el desempeño del poder judicial es que “muchos jueces liberan delincuentes”. La afirmación por si sola es problemática ya que los juzgadores tienen la facultad de liberar o exonerar a personas acusadas que podrían ser inocentes.

Pero más allá de lo anterior, los datos oficiales muestran que los jueces, al momento de resolver, terminan dándole la razón a las fiscalías en por lo menos 8 de cada 10 de los casos.

Los datos exactos de INEGI arrojan que de un total de tres mil 359 sentencias que se dictaron a nivel estatal y federan el 2023, el 85 por ciento (2 mil 878) fueron sentncias condenatorias, y solo el 14 por ciento (466) fueron sentencias absolutorias.

Lo anterior confirma que al menos en el ámbito penal cuando los jueces dictan una sentencia con alta probabilidad esta será condenatoria. El problema es que solo una fracción de los delitos que se cometen llegan a los juzgados, ya sea porque la víctima no denuncia, o porque sí lo hace pero el Ministerio Público no presenta los cargos contra los probables responsables.