Llaman más de 50 organizaciones de la sociedad civil al diálogo sobre la Ley Antilavado
Indicaron que esta propuesta pone en riesgo su existencia y su labor que responde a una vocación social sustentada en temas como salud, educación, justicia, medio ambiente y derechos humanos
Foto: Getty Images / abalcazar
Más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC), entre ellas Artículo 19, Controla Tu Gobierno y Tejiendo Redes Infancia reiteraron su disposición para colaborar en la construcción de un marco normativo que prevenga el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México.
“Al mismo tiempo, consideramos fundamental atender los efectos adversos que la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) está generando en el sector, ya que compromete y pone en riesgo nuestra existencia”, agregaron a través de un comunicado.
Recordaron que desde el año 2000, México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo en el que los Estados participan con el fin de establecer reglas para el combate en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
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“Establece que los Estados deben proteger a las Organizaciones No Gubernamentales de ser utilizadas para fines ilícitos asociados con el terrorismo o el lavado de dinero, asegurando al mismo tiempo que las regulaciones no obstaculicen nuestra legítima labor”, insistieron.
En su pronunciamiento las OSC indicaron que en México la actual aplicación de la Ley Antilavado impone una serie de requisitos administrativos, financieros y económicos que no se ajustan a la realidad y no se corresponden con la naturaleza ni con las capacidades operativas.
“Las OSC no generamos lucro, nuestra labor responde a una vocación social y está sustentada por recursos que provienen, en su mayoría, de la filantropía y la cooperación internacional, con fines específicos y temporales en temas como salud, educación, justicia, medio ambiente y derechos humanos”, enfatizaron.
Insistieron que equiparar su trabajo con el de entidades comerciales como un banco, un casino o una empresa pone en riesgo su existencia y limita gravemente su capacidad de acción frente a los problemas que buscan resolver.
