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  • 13 MAR 2025, Actualizado 11:54

Exgobernadores oficialistas dejan miles de millones desaparecidos, pero no hay denuncias

La ASF actualizó al alza los recursos mal manejados por los gobiernos que encabezaron Cuauhtémoc Blanco y Cuitláhuac García

FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Manuel Velasco, Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco, Cuitláhuac García, Rutilio Escandón, Alejandro Murat y Salomón Céspedes tienen algo en común con Silvanos Aureoles: dejaron gobiernos estatales con miles de millones de pesos malversados o desaparecidos. Pero, a diferencia de este último, ninguno de esos casos ha sido denunciado oficialmente ante la Fiscalía General de la República (FGR)

Así lo muestran los datos de Auditoría Superior de la Federación (ASF) actualizados en febrero pasado tras el cierre de la fiscalización de la cuenta pública 2023. La información documentada por los auditores arroja irregularidades identificadas que ascienden a más de 31 mil 500 millones de pesos en las administraciones de los referidos exmandatarios, sin que la misma institución haya presentado una sola penal por estos hechos.

Hay casos como el de Manuel Velasco del Partido Verde (perteneciente a la alianza oficial) o el de Alejandro Murat (legislador actual por Morena) donde hay irregularidades detectadas con más de ocho años de antigüedad, y con observaciones que de forma definitiva no fueron solventadas.

En contraste hay casos como el de los exgobernadores Javier Duarte o Cesar Duarte que acumulan múltiples denuncias de la ASF por los malos manejos en sus estados o, de forma reciente, el del Silvano Aureoles en donde la Auditoría ya presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR.

A continuación, se detallan los montos de las irregularidades de este grupo de mandatarios cuyas administraciones no han sido denunciadas, y que comparten otro denominador en común: pertenecen o son aliados del partido oficial en el Gobierno.

Los aliados

Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) gobernó, con breves interrupciones por campañas políticas, el estado de Chiapas del 2013 a 2018. En dicho periodo la ASF identificó malos manejos de recursos federales transferidos a su gobierno que al momento dejan un balance de 4 mil 654 millones 100 mil pesos que no han sido devueltos.

La detección de estas irregularidades, que la ASF no ha denunciado hasta ahora, empata con múltiples reportajes e investigaciones periodísticas que documentan pagos a empresas fantasma, retiros en efectivo y transferencias sin explicación, obras inconclusas, entre otros.

A la par de la información los auditores autoridades federales confirmaron a este espacio que el propio Servicio de Administración Tributaria y la entonces Secretaría de la Función Pública también cuentan con evidencia de serias irregularidades en proveedores que recibieron recursos de la gestión de Velasco, pero las denuncias no llegaron.

Otro caso es el del hoy senador por Morena, el expriista Alejandro Murat, cuya administración en Oaxaca de 2017 a 2022 dejó irregularidades en el manejo de los fondos federales por más de 8 mil 258 millones de pesos, que es una de las cifras más altas documentadas en los últimos años.

Murat llegó al gobierno de Oaxaca tras haber trabajado tres años como director del Infonavit, gestión en la que también se documentaron irregularidades que las propia administración federal de la presidenta claudia Sheinbaum ha hecho públicas en las últimas semanas.

Los de casa

El hoy senador de Morena, Adán Augusto López, fue electo como gobernador de Tabasco para el periodo que comenzó a finales de 2018 y terminó en 2024. Permaneció casi tres años en el cargo hasta que fue designado secretario de Gobernación en el sexenio pasado. Su periodo lo completó el también morenista Carlos Merino.

La revisión de las cuentas públicas en ese periodo (salvo 2024 que apenas está en proceso) dejó un saldo de 1 mil 874 millones 831 mil 828 pesos de fondos federales mal manejados que hasta la fecha están desaparecidos. No hay denuncias presentadas para indagar penalmente a los funcionarios responsables.

En Veracruz el gobierno de Cuitláhuac García dejó según los reportes de la ASF cinco mil 310 millones 865 mil 343 pesos no esclarecidos ni justificados hasta la fecha. Ello como resultado de 93 posibles hechos de corrupción identificados en múltiples auditorías, sin que a la fecha ninguna haya sido reportada ante el Ministerio Público de la Federación.

La administración que inició en Puebla Miguel Barbosa y que tras la muerte de este continuó Sergio Salomón Céspedes acumuló de 2019 y hasta la última cuenta pública revisada, 2023, un saldo de poco más de 4 mil 425 millones de pesos que siguen sin ser aclarados ni justificados. Pero las denuncias tampoco han llegado.

El caso Blanco: de mal en peor

Cuauhtémoc Blanco, hoy diputado federal por Morena, gobernó el estado de Morelos en el periodo de 2019 a 2024 tras haber sido postulado por el Partido Encuentro Social. Pese a ser uno de los estados más pequeños del país, su gestión acumula miles de millones en malos manejos de recursos federales.

Con la revisión terminada de la cuenta pública 2023, y a falta de los resultados de 2024, la ASF actualizó al alza los recursos mal manejados en la administración de Blanco; el total de dinero desaparecido asciende a 5 mil 675 millones 887 mil 218 millones de pesos. Todo como resultado de 140 hechos de posible corrupción identificados en dicha administración estatal.

Pese a lo anterior tampoco existen denuncias presentadas hasta ahora por los auditores ante la FGR. Lo que sí hay son denuncias penales pero a nivel local, provenientes de la nueva administración estatal en Morelos, por irregularidades de 40 millones de pesos en fondos estatales.

Blanco, como varios de los exgobernadores que ahora son legisladores federales, cuentan con un fuero que impediría proceder de forma directa en su conta si se determina acusarlos si alguna investigación determina que tuvieron responsabilidad en los malos manejos. En todo caso se tendría que proceder con un juicio de desafuero, pero para ello, los hechos tiene que ser denunciados primero.

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