Tarek Abdalá Saad, extesorero de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, declaró ante un juez federal que ha recibido múltiples amenazas de muerte como resultado de haberse vuelto testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) y de haber aportado datos y pruebas de los desvíos en el estado.

Durante su comparecencia en el primer juicio oral iniciado a nivel federal por los millonarios desvíos ocurridos en la administración de Duarte, y en la que reveló el modus operandi del fraude, Tarek detalló a pregunta de los fiscales que tanto él como su familia han sufrido múltiples consecuencias físicas y emocionales por la colaboración que esta ha brindado con las autoridades.

“De manera personal ha sido muy difícil. He tenido amenazas de muerte muy directas. He tenido situaciones de depresión, situaciones de pensamientos suicidas, situaciones que en los últimos años han sido brutales en cuanto a mi salud física y mental. Si yo le contara a esta sala las cosas que mi defensa y yo hemos hecho para poder cuidar mi integridad física. Las repercusiones también han sido para mi familia, para mi seres queridos. He recibido amenazas muy directas con medios difíciles entonces ha sido muy complicado…” dijo en la audiencia del pasado 11 de febrero, a la que compareció enlazado vía videoconferencia como medida excepcional para resguardar su seguridad.

Abdalá, en su momento una de las personas más cercanas a Duarte y a su exesposa Karime Macías confesó en agosto de 2018 ante la entonces PGR que él había ejecutado múltiples desvíos de recursos federales por instrucciones del exgobernador y de sus superiores en la Secretaría de Finanzas.

Sin embargo, los procesos iniciados en contra de Tarek fueron congelados luego de que este accedió a colaborar como testigo del caso aportando pruebas en contra de sus superiores y, llegado el momento, de aceptar comparecer como testigo en los eventuales juicios.

En el marco de dicho acuerdo el pasado11 de febrero el extesorero de Veracruz tuvo la primera comparecencia en tribunales con motivo del proceso penal iniciado en contra del exsubsecretario de finanzas de Veracruz, Gabriel Deantes. Como se detalló en este espacio el lunes pasado Tarek habló de la forma en cómo se desviaron recursos y de múltiples hechos de corrupción.

A diferencia de otros testigos que subieron al estrado del tribunal para comparecer personalmente, a Tarek se le permitió testificar a través de videoconferencia y desde una ubicación no revelada públicamente. Los fiscales y abogados consiguieron esto tras documentar con un estudio de riesgo las condiciones en que se encuentra.

El tipo de amenazas y los detalles sobe su situación no fueron detallados en la audiencia. Pero fuentes con conocimiento del caso indicaron a Así las Cosas PM que las amenazas ya han sido denunciadas y están bajo investigación, pues podía incluso revelar nexos entre implicados en la trama de corrupción con el crimen organizado.

Gaceta secreta implica a Duarte

En su comparecencia Tarek confirmó que el exgobernador de Veracruz intentó “legalizar” desde el primer año de su gobierno su política de desvío de recursos públicos a través de un decreto publicado en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de Estado con fecha del 19 de noviembre de 2011.

El decreto, plagado de tecnicismos, se traducía según las instrucciones del propio gobernador de la entidad en la supuesta facultad legal de redirigir fondos incluso federales al pago de necesidades “prioritarias” de la entidad, como las pensiones o sueldos de maestros.

No obstante, se trataba de una simulación porque la referida gaceta, que jamás se hizo pública. y de la que solo existieron 300 ejemplares que Duarte instruyó que se mantuvieran en sigilo, no podía legalizar – aunque lo dijera – el movimiento de participaciones federales con ese fin.

Cuando las investigaciones iniciaron por los escandalosos hechos de corrupción, las denuncias de la ASF y los reportajes sobre las empresas fantasma, Tarek dijo que le pidió a Duarte la gaceta para poder defenderse, pero este le negó el documento porque lo comprometía. Al final lo obtuvo por otra funcionaria.

“En un inicio yo sabía de este documento, de la Gaceta, y cuando empezaron las investigaciones en mi contra yo fui con el gobernador (Duarte) y le pedí que me diera una copia de la gaceta para poder explicar que era una instrucción que había estado publicada y que era la manera de poder hacerle frente a estas obligaciones, pero no me la dio. La logré conseguir después con Elvira Arteaga que era la editora del Gobierno. Me dio un ejemplar. Entonces con la base de que había este documento que nadie tenía más que él y que él nos dijo que nos lo iba a dar cuando fuera el momento, es como nos sentíamos arropados de poder utilizar estas cosas (…) pero después me di cuenta que con gaceta o sin gaceta lo que estábamos haciendo era indebido” relató Tarek en la audiencia.

La obtención como prueba de la gaceta que el exgobernador intentó ocultar, según lo referido por autoridades del caso, es fundamental no solo para el éxito de los procesos iniciados en contra de los exfuncionarios de finanzas de Veracruz, sino también porque representa el potencial punto de partida de una nueva imputación en contra de Javier Duarte.

Juez dicta primera condena

El día de ayer el juez federal resolvió que Gabriel Deantes, exsubsecretario de finanzas de Javier Duarte, es culpable del delito de peculado en la modalidad de comisión por omisión, y le impuso una sentencia de tres años y 8 meses de prisión por los malos manejos relacionados con un solo fondo. Deantes tiene otros procesos en curso.

La determinación es una victoria parcial para la FGR pues se trata de la primera condena obtenida a través del juicio oral en contra de un funcionario por los desfalcos de fondos federales en Veracruz y porque es el primer caso n done la colaboración de Tarek en juicio ayuda a este resultado.

No obstante, la Fiscalía buscaba una sanción de al menos ocho años de prisión. El juez determinó modificar la modalidad del delito al concluir que no se sustentaban algunas observaciones de la imputación. Se prevé que tanto la fiscalía como la defensa presenten apelación para que el caso pase a manos de un tribunal colegiado que se hará cargo de la revisión.

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