En 2020 el Instituto Nacional de Migración (INM) entregó un contrato de más de cien millones de pesos a la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., proveedora en México del malware de espionaje “Pegasus”. El contrato adjudicado sin licitación pública era, supuestamente, para el arrendamiento de equipos informáticos y su mantenimiento. Sin embargo, el dinero se fue a una red de más de 20 empresas posiblemente fantasma, que nada tenían que ver con los servicios contratados.

Las anomalías detrás de esta contratación fueron documentadas y reportadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sin que, hasta la fecha, hayan sido esclarecidas por la administración de Garduño. No obstante, la ASF tampoco ha denunciado los malos manejos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La semana pasada Garduño logro la suspensión del único proceso penal que enfrentaba por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez que mató a 40 migrantes. Pese a ese antecedente y a las evidencias de posibles hechos de corrupción en su administración la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido mantenerlo, al menos por el momento, en el cargo.

Los datos actualizados de la ASF revisados por Así las Cosas PM arrojan que entre los años que ya fueron auditados, de 2019 a 2022, el INM bajo la gestión de Garduño acumula malos manejos y potenciales desvíos por más de 157 millones de pesos que no se han recuperado y cuyo destino legal es incierto. Falta por conocer los resultados de las revisiones de 2023 y 2024

De lo encontrado por los auditores destaca, por su gravedad, los presuntos hechos de corrupción reportados en la auditoría de Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2020-5-04K00-20-0011-2021 relacionada con el contrato número CS/INM/136/2019 para el arrendamiento de equipos informático adjudicado de forma directa, sin competencia, a la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., así como un posterior convenio modificatorio que elevaron de 49 a más cien millones de pesos los montos pagados a dicha compañía.

Lo que los auditores identificaron, en primera instancia, es que el estudio de mercado para adjudicar dicho contrato estuvo plagado de irregularidades de principio a fin siendo una de ellas, por ejemplo, que la otra empresa con la cual se compararon los costos llamada Nemecisco S.A. de C.V., en realidad tiene múltiples coincidencias con Antsua en términos de descripción de servicios, misión, valores ofertas, datos de contacto, e incluso comparten el mismo representante legal.

Es decir, se presume que en realidad se trata de la misma compañía con distintas razones sociales para similar una supuesta competencia. Esta simulación permitió que el mismo grupo obtuviera dos contratos dado que Nemecisco, S.A. de C.V recibió otra adjudicación distinta en un proceso posterior, todo ello con la complicidad de la administración de Garduño.

El desvío de los recursos

Tras encontrar anomalías, inconsistencias y serios sobrecostos en los reportes de los equipos entregados bajo el supuso convenio, los auditores decidieron investigar la ruta del dinero que Antsua recibió de parte del INM. Lo que se identificó fue una presunta red de dispersión y posible lavado de dinero.

De entrada, la empresa no invirtió el dinero en la adquisición o arrendamiento de los equipos contratados por el INM. Por el contrario, el monto recibido lo dispersó a seis empresas distintas, muchas de las cuales tienen coincidencias en domicilios fiscales, accionistas, correos electrónicos, notarios, entre otros. Varias de ellas son de reciente creación y de forma repentina recibieron decenas de millones de pesos.

Las referidas compañías que los auditores denominan como empresas de segundo nivel transfirieron el dinero que recibieron a otras 15 compañías que serían el tercer nivel. De nueva cuenta, se trata de empresas con múltiples coincidencias y además con irregularidades como la ausencia de declaraciones fiscales.

“De las 21 empresas de segundo y tercer nivel se identificó que sus operaciones no tienen relación con la prestación de los servicios proporcionados al INM y que ocho de éstas se encuentran vinculadas, toda vez que tienen los mismos socios accionistas, reportaron domicilios fiscales, números telefónicos y correos electrónicos iguales en el Registro Federal de Contribuyentes, o fueron constituidas en las mismas fechas o ante el mismo corredor público; también se observó que 19 de estas empresas presentaron diversas irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 20 son de reciente constitución (incluyendo al proveedor adjudicado)”, señalaron los auditores en su informe.

Aunque la ASF no profundiza en la interpretación de este movimiento de recursos, el esquema descrito coincide con, por ejemplo, los esquemas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha descubierto y reportado para el lavado de recursos utilizando compañías fantasma o factureras. Es el mismo modus operandi descrito también en graves casos de corrupción como los ocurridos en la administración de Javier Duarte en Veracruz o el esquema de La Estafa Maestra.

La conexión Pegasus

En su reporte los auditores refirieron que la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., ha recibido recursos de múltiples dependencias públicas de nivel federal y estatal sin que se abundara en mayores detalles.

No obstante, a finales de 2022 se dio a conocer que la referida compañía era contratista de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que tres años antes había firmado un contrato con dicha dependencia para dotarle de un “servicio de monitoreo de información remota”.

La coalición de medios y organizaciones encabezada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales documentaron que se trataba el software espía conocido como “Pegasus”, pues dicha compañía ostentaba la representación exclusiva de NSO Group para la venta de dicho malware en México.

En reportes posteriores entregados a la ASF la Sedena confirmó que había adquirido dicho software, sin embargo, al menos hasta febrero del año pasado los contratos no han sido transparentados pese a la orden del Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI) de hacer pública esta información.

Esta situación ha sido cuestionada pues múltiples investigaciones periodísticas y de órganos no gubernamentales especializados han documentado la utilización de Pegasus para intervenciones de comunicaciones privadas ilegales, figurando entre los blancos periodistas, activistas, entre otros.

Negro historial pero inamovible

Bajo el argumento de que el tema de la migración es delicado en estos momentos por la relación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos y a que es necesario hacer una transición lenta y ordenada el gobierno de Sheinbaum ha decidido mantener al frente del INM a Francisco Garduño, cargo que ostenta desde julio de 2019.

Ello pese a los cuestionamientos en torno a su gestión como el ya referido proceso penal que enfrentó por la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria en 2023, y por el cual la Fiscalía General de la República lo acusó de negligencias. La semana pasada sus abogados lograron que un juez federal suspendiera el proceso sin que tuviera que reparar el daño.

Y a ello se suman otros señalamientos de corrupción documentados previamente en medios. Por ejemplo, el portal EMEEQUIS reveló que el INM contrató a una empresa dedicada a organizar fiestas para construir un albergue sin que se hubiera hecho una licitación. Se documentaron irregularidades en los trabajos por más de 500 millones de pesos.

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