Banqueros piden al Senado enriquecer Ley Antilavado

La Asociación de Bancos de México, ABM, llamó al Senado a enriquecer el dictamen de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que se discute actualmente en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos.

Durante el Parlamento Abierto sobre el Análisis y Discusión de las Reformas Legislativas para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, organizado por la Comisión de Justicia, José Luis Stein, coordinador del Comité de Lavado de Dinero de la ABM, reconoció que esta iniciativa es clave para la banca mexicano.

“Primero que nada, quisiera destacar que la ABM coincide en la importancia de contar con una regulación robusta en la materia de prevención de lavado de dinero”, añadió.

También destacó que, con la promulgación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la Ley Antilavado, se dio un paso clave en la consolidación de un marco regulatorio sólido en la materia.

Pero, esta ley de 2012, así como los demás ordenamientos relacionados, deben modificarse de manera periódica, para incorporar los más recientes estándares internacionales y atender las áreas de oportunidad que se identifiquen localmente en la práctica.

Destacó que la iniciativa que hoy se discute en el Senado tiene precisamente esta finalidad, tomando en consideración las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como la retroalimentación de actores públicos nacionales e internacionales, de ahí que se plantean modificaciones y adiciones precisas.

Sin embargo, Stein consideró que puede mejorarse:

“En este sentido, la ABM considera que la iniciativa es positiva. Ahora bien, desde la perspectiva de la ABM, la iniciativa podría enriquecerse aún más con algunos ajustes puntuales”, aseveró.

Mencionó algunos aspectos que pueden acrecentar el dictamen, entre ellos: la regulación de fideicomisos con actividades vulnerables para brindar seguridad jurídica a todas las personas involucradas.

Reformar otros ordenamientos jurídicos, tales como la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Así como los plazos de implementación de la iniciativa, que se amplié a 18 meses para que se emita la normatividad secundaria.

La definición de persona políticamente expuesta y mantener la calificación de dolo en las conductas delictivas tipificadas en la Ley Antilavado.