Proponen ministras de la SCJN que las sesiones privadas sean públicas
Nuestra Constitución Política establece que todas las sesiones del alto tribunal deben ser públicas, y solo por excepción secretas
Las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, -afines al Presidente López Obrador- propusieron que las reuniones privadas que sostiene la Corte sean públicas, pues no hay ningún argumento legal que sustente su secrecía, argumentaron precisamente durante la sesión privada de la Segunda Sala de la de este miércoles 7 de febrero de 2024.
Se trata de las reuniones previas a las sesiones públicas de las Salas de la SCJN, donde los ministros argumentan las razones de sus votos y discuten libremente los argumentos a favor y en contra de cada proyecto presentado.
Y es que tradicionalmente, luego de la sesión privada se efectúa otra pública, en donde los ministros solo manifiestan el sentido de sus votos, sin abundar en sus argumentos.
Ambas ministras señalaron que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que todas las sesiones de la SCJN deben ser públicas, y solo por excepción secretas, como lo señala el párrafo cuarto del artículo 94 constitucional: “En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.”
Asimismo, existe una disposición similar en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: “Las sesiones de las Salas serán públicas y, por excepción, privadas en los casos en que a su juicio así lo exija la moral o el interés público.”
A petición de ambas ministras, su propuesta se puso a votación, siendo rechazada por mayoría de tres votos -de los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales-.
Ante el resultado, las ministras Batres y Esquivel anunciaron su intención de llevar el tema a debate ante el Pleno de la SCJN, pues no hay ningún argumento legal que permita mantener en la opacidad la discusión de los asuntos que se resuelven en el máximo tribunal del país.
