Militares acusados en caso Ayotzinapa señalan persecución política
Abogados de los acusados aseguran que es una venganza cumplida de la titular de SEGOB
Los abogados defensores de los ocho militares reaprendidos por el caso Ayotzinapa, César Omar González y Alejandro Robledo
La acusación por delincuencia organizada en contra de los ocho militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, es una “marranada”, acusó César Omar González uno de los abogados de los acusados.
Al informar sobre la reaprehensión, los abogados César Omar González y Alejandro Robledo, quienes encabezan el equipo de defensores, también acusaron que sus clientes son víctimas de una persecución política y de una venganza cumplida de la titular de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), Luisa María Alcalde Luján, quien además se convirtió en el “brazo armado” del Presidente López Obrador para conseguir las órdenes de aprehensión.
“Esto no es más que una venganza personal de la secretaria de gobernación que amenazó con que iba obtener las órdenes y cumplió… francamente pues yo creo que no se ha leído bien cuáles son sus facultades y el presidente de la República tampoco, y en ninguno de los dos casos tiene facultades de investigación y menos para estar amenazando”, aseguró el abogado Alejandro Robledo.
La defensa precisó que, en esta nueva acusación por el delito de delincuencia organizada, los testigos Karla y Neto, no pudieron entrevistarlos ya que uno de ellos estaba enfermo y el otro no fue localizado.
“Nosotros esperábamos que con la misma eficiencia y premura y de forma exprés y cumpliendo y atendiendo todos los principios de inmediación, deber de lealtad, objetividad y debida diligencia. El agente del ministerio público que se encargó de integrar esta marranada, adscrito a la unidad especializada de investigación por el caso Ayotzinapa, presentaría a sus testigos estrella, evidentemente esto no ocurrió”, acusó el litigante César Omar González.
Los litigantes afirmaron que el caso se ha politizado completamente al tiempo que reiteraron que es una persecución política y un “cochinero” y difícilmente podremos acceder un día a la verdad.
Este miércoles se resolverá la situación jurídica de los ocho elementos castrenses al vencerse el término de duplicidad constitucional solicitado por su defensa.
Los abogados confían en que la Juez Segundo de Distrito, Raquel Ivette Duarte Cedillo otorgue la libertad para sus clientes y adelantaron que denunciarán por el delito de obstrucción a la justicia al menos a cuatro funcionarios públicos entre los que destaca el fiscal de Ayotzinapa Rosendo Gómez Piedra.
