Ejército no puede destruir los archivos del período conocido como “Guerra sucia”, ordena juez
La opacidad del Ejército mexicano en este sexenio se evidencia al no garantizar el acceso a éstos y alterar sus fondos documentales.

Familiares de personas desaparecidas tienen derecho a reclamar archivos a Sedena, señala el amparo
El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa ordenó al Ejército mexicano no destruir los archivos del periodo conocido como “Guerra Sucia” entre las décadas de 1960 y 1990.
Así lo dieron a conocer mediante un comunicado la organización Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Esta determinación ordena al instituto armado “se abstenga de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, según el comunicado conjunto de las agrupaciones civiles.
Cabe destacar que este recurso jurídico fue interpuesto por la señora Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre del mismo nombre luego de su desaparición forzada en el año de 1978 a mano de la entonces denominada “Brigada Blanca”, una agrupación paramilitar conformada por el Ejército, policías, la extinta Dirección Federal de Seguridad, y la entonces Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía) para combatir grupos guerrilleros, se lee en el comunicado.
Estos archivos están relacionados con la investigación del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre las violaciones a los derechos humanos que cometieron las Fuerzas Armadas de 1965 a 1990, cuando el Gobierno persiguió a disidentes políticos.
El otorgamiento de este amparo se sustenta en que “se reconoce que familiares de personas desaparecidas tienen derecho a reclamar a través del juicio de amparo las resistencias de la Sedena a abrir sus archivos”, según las dos organizaciones que lo promovieron.
“La opacidad del Ejército mexicano en este sexenio al no garantizar el acceso a archivos y alterar sus fondos documentales relacionados con graves violaciones a derechos humanos evidencia la resistencia de las Fuerzas Armadas a rendir cuentas, así como la promesa incumplida de verdad”, puntualiza el comunicado de las ONG.